Principales aspectos de la Ley Antibloqueos en Santa Cruz

La Ley Departamental de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías fue oficialmente promulgada el viernes por la Gobernación de Santa Cruz, en un acto celebrado en la Casa de Gobierno Juan Pablo Velasco, bajo la firma del gobernador Juan Pablo Velasco.

Ejes centrales de la ley

La normativa se estructura en tres ejes fundamentales: la prevención de bloqueos, la coordinación interinstitucional entre diversas entidades y la atención de contingencias generadas por tales situaciones. Su propósito es minimizar el impacto de bloqueos en la salud, producción, abastecimiento y libre circulación de la población cruceña.

En lo que respecta a la prevención, se establecerán mecanismos de alerta temprana y planificación para anticipar y gestionar potenciales conflictos que puedan resultar en bloqueos.

Por otro lado, la coordinación interinstitucional tiene como fin unir esfuerzos entre las diferentes instituciones implicadas, optimizando la respuesta ante estas contingencias. Esta ley fue elaborada tras tres meses de trabajo técnico y diálogo, involucrando a la Policía, órganos jurídicos de la Gobernación, la Asamblea Legislativa Departamental, así como representantes del sector productivo y de la sociedad civil.

El tercer eje se enfoca en la atención de contingencias, implementando medidas que protejan la vida de los ciudadanos y minimicen las consecuencias de los bloqueos. Esto incluye la creación de corredores humanitarios y mecanismos para salvaguardar las cadenas de abastecimiento.

María René Álvarez, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, resaltó que esta ley es un ejercicio de autonomía ante las dificultades que generan los bloqueos, enfatizando que no se pretende vulnerar el derecho a la protesta.

La vicegobernadora Paola Aguirre subrayó que esta legislación responde a una necesidad del departamento y aboga por erradicar lo que ella denomina "cultura del bloqueo". Destacó que las restricciones causan severas repercusiones a personas ajenas a los conflictos, como pacientes en busca de atención médica, familias, y transportistas.

Además, Aguirre advirtió sobre las consecuencias económicas que pueden derivarse de los bloqueos, que podrían afectar la llegada de alimentos a los mercados y poner en riesgo el empleo y las cadenas productivas. También mencionó que estos eventos pueden impactar negativamente la imagen de Bolivia frente a posibles inversores.

Durante el evento, se abordó la posibilidad de crear una ley nacional antibloqueo, con el objetivo de que la Asamblea Legislativa Departamental asuma la responsabilidad de llevar esta discusión al ámbito nacional.

La nueva ley establece un plazo de 180 días para su implementación, durante los cuales el Ejecutivo departamental, a través de la Dirección de Desarrollo Autonómico, llevará a cabo las acciones pertinentes para poner en marcha sus disposiciones.