Santa Cruz promulga nueva normativa contra bloqueos

Este viernes, la Gobernación de Santa Cruz hizo efectiva la promulgación de la Ley Departamental de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías durante un acto en la Casa de Gobierno. Esta legislación está diseñada para abordar los impactos negativos de los bloqueos en la salud, la producción y la movilidad de las personas.

María René Álvarez, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, destacó que esta iniciativa es un reflejo de la autonomía de Santa Cruz y enfatizó que la ley no vulnera el derecho a la protesta pacífica. "No estamos en contra de las manifestaciones legítimas, sino de aquellas que generan violencia y afectan a otros ciudadanos".

La nueva normativa fue elaborada tras más de tres meses de trabajo colaborativo, que incluyó análisis técnicos y mesas de diálogo con la participación de la Policía, representantes del sector judicial, de la Asamblea y del sector productivo y civil. Se busca un enfoque que priorice la prevención, la coordinación y la atención en caso de contingencias.

Entre las medidas que introduce la ley se encuentran sistemas de alerta temprana, planificación y coordinación entre instituciones, así como protocolos para proteger la vida de las personas, habilitar corredores humanitarios y minimizar el impacto en la producción y el suministro de bienes.

Durante la ceremonia de promulgación, la vicegobernadora Paola Aguirre subrayó la necesidad de erradicar la cultura del bloqueo, resaltando las consecuencias que estas acciones tienen en la salud de los pacientes, la movilidad de las familias, y en la actividad de los transportistas y productores. Aguirre vincula la libre circulación con derechos fundamentales y el desarrollo económico del país.

La vicegobernadora también mencionó la intención de llevar esta normativa al ámbito nacional, utilizando el respaldo de los parlamentarios cruceños para que se considere la creación de una ley que abarque todo el país. La implementación de esta normativa deberá llevarse a cabo en un plazo de 180 días por el Ejecutivo departamental, a través de la Dirección de Desarrollo Autonómico.