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POLÍTICA

Gobierno boliviano propone extender el estado de excepción por 90 días

· Julio Salvatierra

El Gobierno de Bolivia está considerando extender por 90 días más el estado de excepción que se instauró el 20 de junio pasado, una medida que podría nuevamente aplazar la discusión sobre los cambios propuestos a la Constitución Política del Estado (CPE). Este jueves, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución, que ahora deberá ser revisado por el pleno y luego enviado a la Asamblea Legislativa.

Esta decisión cobra relevancia debido a que el artículo 140 de la CPE prohíbe iniciar reformas constitucionales durante la vigencia de un estado de excepción. Así, si se lleva a cabo la prórroga, los proyectos de modificación constitucional quedarían en suspenso hasta que se levante esta medida excepcional.

La declaración del estado de excepción se produjo tras 53 días de bloqueos y conflictos sociales en el país. El Gobierno argumenta que persisten amenazas de nuevas movilizaciones que podrían desestabilizar el contexto actual. El diputado oficialista Alejandro Medinaceli expresó que la extensión de esta medida busca mantener la estabilidad lograda después de los conflictos.

Sin embargo, esta decisión ha suscitado críticas en el ámbito político. Jorge Quiroga, líder del partido Libre, advirtió que extender el estado de excepción implicaría demorar por tres meses más la discusión de una reforma constitucional que él considera urgente. "Prorrogar y ampliar por tres meses un estado de excepción (…) significa ya no solamente 10 meses, sino tres meses más de no tratar lo imprescindible", enfatizó.

La Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado, señalando que el estado de excepción es una herramienta temporal que no aborda las causas subyacentes de la conflictividad social, tales como los problemas relacionados con el combustible y el aumento del costo de vida.

En consecuencia, mientras el Gobierno intenta preservar el control ante la posibilidad de nuevas protestas, la reforma constitucional se encuentra nuevamente en un punto muerto en medio de un escenario político tenso.

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