Santa Cruz promulga una ley para prevenir bloqueos

El 11 de septiembre se marcó un hito en Santa Cruz con la promulgación de la Ley Departamental de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos. Este acto estuvo liderado por el gobernador Juan Pablo Velasco, quien estuvo acompañado por la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, y la vicegobernadora Paola Aguirre.

Paola Aguirre subrayó la importancia de esta ley, indicando que busca detener los efectos negativos que los bloqueos generan y proteger el derecho a la libre circulación. Resaltó que es fundamental erradicar la cultura del bloqueo para promover el desarrollo en la región.

La vicegobernadora enfatizó que la ley no solo responde a una necesidad inmediata, sino que también busca prevenir futuras interrupciones en servicios esenciales como la atención médica, el abastecimiento y el empleo. En su discurso, Aguirre abogó por la creación de una ley nacional antibloqueo, ampliando así la cobertura de esta normativa.

Aguirre hizo un llamado a la reflexión sobre las consecuencias de los bloqueos, que afectan a familias ajenas a los conflictos. "El derecho a la libre circulación es fundamental para el ejercicio de otros derechos y afecta directamente la inversión y el crecimiento económico", afirmó.

La ley, que se trabajó durante tres meses, fue socializada con diferentes sectores e instituciones, asegurando que se escucharon diversas voces en su construcción. Según Álvarez, la legislación es una respuesta a los recientes bloqueos que afectaron a Santa Cruz, donde las autoridades sintieron la urgencia de actuar.

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental también aclaró que esta norma no atenta contra el derecho constitucional a la protesta pacífica, sino que se enfoca en prevenir y gestionar situaciones de bloqueo que pueden tener repercusiones negativas en la vida y salud de los ciudadanos.

Finalmente, Aguirre destacó que la promulgación de la ley es solo el primer paso, y que se establecerá un plazo de 180 días para que el Ejecutivo Departamental elabore su reglamento, lo que permitirá una mejor implementación de esta normativa en el futuro.