Vicegobernadora de Santa Cruz plantea incremento en tarifa del Teleférico y genera controversia

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, ha propuesto un aumento en la tarifa de Mi Teleférico de La Paz, sugiriendo que se eleve de Bs 3 a Bs 6. Durante una reunión con la ministra de Salud, Marcela Flores, Aguirre expuso su preocupación por el impacto financiero que representa el sistema de transporte para las arcas públicas y demandó más recursos para la atención sanitaria en su región.

Aguirre argumentó que el funcionamiento de Mi Teleférico requeriría aproximadamente Bs 2.100 millones anuales en subsidios y destacó que Santa Cruz sería uno de los principales contribuyentes a la recaudación tributaria del país. Con base en eso, cuestionó la tarifa actual, sugiriendo que debería ser el doble de lo que los usuarios pagan actualmente.

Sin embargo, su análisis fue refutado por representantes de Mi Teleférico y la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP). El gerente de Mi Teleférico, Christian Rojas, aclaró que la empresa no recibe financiación del Tesoro General de la Nación, sino que obtiene ingresos a través de la venta de pasajes, arrendamientos, publicidad y otros servicios.

Rojas también informó que la entidad cerró el año anterior con una utilidad estimada de Bs 10 millones, lo que contradice las afirmaciones de Aguirre sobre la necesidad de un alto subsidio.

Pablo Camacho, director de la OFEP, instó a Aguirre a verificar la información antes de hacerla pública, señalando que algunas de las cifras que maneja están vinculadas a la depreciación de la infraestructura y no reflejan directamente subsidios anuales necesarios. Además, explicó que el Gobierno está evaluando medidas para optimizar la operativa de la empresa, lo que podría incluir ajustes en horarios, tarifas y mecanismos de pago.

La propuesta de Aguirre ha abierto un debate sobre el verdadero costo de operación de Mi Teleférico, quién debe asumir ese costo y cuál es la tarifa justa para los usuarios, en medio de la defensa de la empresa estatal sobre su capacidad para financiarse a través de recursos propios.