El fenómeno de El Niño podría impactar gravemente la producción agrícola en Bolivia

La Organización de los Estados Americanos (OEA) advierte que el fenómeno de El Niño traerá consigo una reducción en las precipitaciones y un incremento en las temperaturas en Bolivia, lo cual impactará negativamente en la agricultura y en el transporte de mercancías.

Según el informe, elaborado en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial y el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño, se anticipa que entre octubre y diciembre de 2026 las lluvias serán escasas y las temperaturas se elevarán en gran parte del territorio nacional.

Particularmente en la región amazónica, se estima un déficit hídrico que podría prolongarse hasta febrero de 2027. Esta situación podría dificultar la navegación fluvial y aislar a comunidades, además de incrementar el riesgo de incendios forestales.

En el Altiplano y los Andes del sur, las precipitaciones se prevén entre deficitarias y normales de diciembre a marzo, lo que podría afectar las siembras y reducir las reservas de agua disponibles para la agricultura.

La OEA no proporciona cifras exactas sobre las pérdidas económicas que podría enfrentar Bolivia, pero la Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima que el fenómeno podría restar entre 0,3 y 2 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, dependiendo de la severidad del fenómeno y las medidas de respuesta adoptadas.

Los posibles efectos económicos son amplios: la escasez de agua puede traducirse en menores cosechas y mayores costos de producción, mientras que los incendios afectarían tanto a los bosques como a las actividades agroindustriales. Asimismo, la disminución del caudal en los ríos complicaría el traslado de personas y bienes.

A raíz de estas advertencias, el Gobierno ha activado el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y ha implementado una unidad de gestión de riesgos agropecuarios, así como un sistema de monitoreo y alerta para el sector agrícola.

Karel Rivero, viceministro de Desarrollo Agropecuario, mencionó que se están canalizando recursos y colaborando con los municipios en la implementación de alertas y proyectos preventivos.

La OEA considera que el periodo crítico será entre octubre de 2026 y marzo de 2027, recomendando la anticipación de medidas para proteger los recursos hídricos, la producción agrícola y la población. La magnitud de los costos también dependerá de la capacidad de preparación.