SOBOCE advierte sobre riesgos de ejecución de fallo favorable a FANCESA

La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) subraya que cualquier intento de ejecutar de manera apresurada la sentencia en su contra sería un claro ejemplo de denegación de justicia, con repercusiones internacionales significativas.

Es inaceptable que un juzgado de primera instancia decida ejecutar una sentencia cuando hay un recurso de queja aún pendiente en la vía constitucional. La ejecución de este fallo en la actualidad violaría el principio de jerarquía legal en el país.

La implementación de este fallo podría tener un efecto devastador en la estabilidad de SOBOCE, uno de los actores industriales más importantes de Bolivia. La falta de liquidez derivada de esta sentencia comprometería su capacidad para cumplir con obligaciones frente a tenedores de bonos y el sistema financiero nacional, poniendo en riesgo miles de empleos.

Además, es relevante señalar que Bolivia sería el primer país en utilizar el concepto de "daño al proyecto de vida" en un contexto empresarial, un término que debería ser reservado para la protección de derechos individuales. Esto podría abrir la puerta a fallos arbitrarios que socavan la seguridad jurídica y desincentivan la inversión extranjera.

SOBOCE ha estado exigiendo durante 16 años al Estado boliviano el pago del justo precio por la expropiación de sus acciones en FANCESA, compromisos que nunca han sido cumplidos, a pesar de lo estipulado en el Decreto N° 0616 del 1 de septiembre de 2010.

Todas estas irregularidades constituyen una violación grave de los Tratados Bilaterales de Inversión y de las normas de la Comunidad Andina de Naciones. La ejecución de esta sentencia podría derivar en nuevos litigios internacionales y en el pago de indemnizaciones millonarias al Estado boliviano.

Por ello, SOBOCE hace un llamado a la comunidad jurídica, a los gremios empresariales y a las autoridades del país: una ejecución apresurada y sin la debida espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional podría llevar a la economía boliviana hacia un estado de caos y arbitrariedad.

Finalmente, la empresa reafirma su compromiso inquebrantable con Bolivia, pero exige el pleno respeto a la tutela jurisdiccional efectiva.