Prohibición de quema de madera boliviana: impacto y próximos pasos

La decisión judicial de frenar la quema de madera boliviana abre la puerta a nuevas evaluaciones de la mercancía que permanece en los puertos chilenos, beneficiando a 23 empresas bolivianas que están bajo investigación por posible tráfico de drogas. A pesar de esta pausa, las autoridades aún no han podido confirmar cuántas de las mercancías fueron destruidas durante el proceso anterior.

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) aplaudió la suspensión dictada en una audiencia el 19 de octubre en Arica, considerando que esta medida permitirá a las empresas cuestionar las acusaciones fiscales que han llevado a la retención de su mercancía. Gary Rodríguez, gerente general del IBCE, señaló que las pérdidas ascienden a 50 millones de dólares.

La medida de detener las incineraciones es crucial para salvaguardar la madera que aún se encuentra disponible. Según declaraciones de José Antonio Villalobos, abogado de las empresas, la suspensión se mantendrá por al menos 60 días y podría ser extendida dependiendo de los análisis que se realicen.

A pesar de la nueva etapa, el IBCE informa que muchas de las mercancías retenidas en Arica ya fueron incineradas, mientras que en los puertos de Valparaíso y San Antonio aún queda madera pendiente de evaluación. Villalobos indicó que todavía no se cuenta con los actas oficiales que revelen el volumen exacto de lo destruido, lo que genera incertidumbre entre los exportadores.

"Lo que está destruido, lamentablemente, es un perjuicio que ya está establecido y eso no lo podemos revertir".

El IBCE también lamentó que las retenciones han impactado no solo en términos económicos, sino que han dañado relaciones comerciales y contratos en vigor. El impacto total, según la institución, afecta a aproximadamente 60 contenedores y más de 1.000 toneladas de madera, además de poner en riesgo más de 20,000 empleos en la cadena productiva.

Las próximas acciones incluyen una nueva audiencia el 29 de octubre, donde se definirán las condiciones para realizar los análisis de contramuestras. El tribunal ha permitido que un perito químico privado, contratado por las empresas, participe en este procedimiento, lo que podría influir en la forma en que se abordarán las pruebas iniciales que llevaron a la retención de la mercancía.

La situación también tiene un componente diplomático, ya que el IBCE sostiene que las acciones contra la madera boliviana violan acuerdos comerciales establecidos en el Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Bolivia y Chile. Este contexto añade complejidad a la búsqueda de una resolución favorable para las empresas afectadas mientras se espera la llegada de nuevas pruebas.