Intervención de YPFB: Un nuevo rumbo para la gestión de combustibles

La intervención temporal de YPFB se establece mediante el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre, con el propósito de abordar las falencias en sus operaciones y optimizar la cadena de importación y distribución de combustibles.

La duración inicial de esta intervención es de 180 días, aunque existe la posibilidad de extenderla una sola vez por hasta 90 días más, si las razones que motivaron esta medida continúan vigentes. Asimismo, la intervención puede concluir antes del plazo establecido si se logran solucionar las problemáticas identificadas.

Las deficiencias que justifican esta intervención incluyen problemas en los procesos logísticos de la importación y distribución de carburantes, lo que representa un riesgo para el interés público y la seguridad energética del país.

Comisión de Intervención Extraordinaria

Se ha creado una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria compuesta por ministros o representantes de las carteras de Economía, Producción, Hidrocarburos, Obras Públicas, y el Viceministro de Transparencia. Esta entidad será responsable de supervisar y recomendar acciones para mejorar la situación de YPFB.

El enfoque de la comisión se centrará en áreas clave como la comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles. Entre sus funciones, se incluye la recomendación de auditorías técnicas para identificar redes de contrabando y otras irregularidades, así como determinar responsabilidades dentro de la empresa.

El incumplimiento de las solicitudes de la comisión podrá acarrear responsabilidades administrativas y/o penales.

La comisión también tendrá la autoridad para revisar procesos de importación y distribución, evaluando cualquier decisión que haya podido afectar el suministro de combustibles y los recursos del Estado. Además, podrá proponer la remoción de personal si se considera necesario.

Es importante destacar que esta intervención no requerirá recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, ya que todos los gastos serán cubiertos con los presupuestos de las instituciones que conforman la comisión, en línea con la política de austeridad del Gobierno.