Importación de gas: Un futuro inevitable para Bolivia

Sergio Arnés, especialista en energía, ha señalado que Bolivia se verá obligada a importar gas natural a partir de 2029, o incluso antes, debido a la disminución de la producción interna y al aumento del consumo. Durante una entrevista en el programa Dinero del Grupo EL DEBER, destacó que "de la importación de gas ya no nos salvamos".

Arnés explicó que para revertir la caída en la producción de gas se requieren inversiones significativas en exploración y desarrollo de nuevos yacimientos, lo que podría tomar varios años. En este contexto, sugirió que se acelere la instalación de plantas solares y eólicas, así como el uso de otras fuentes de energía renovables, para disminuir la dependencia del gas importado y mitigar el impacto en las tarifas eléctricas.

La producción actual de gas en Bolivia se sitúa en unos 25 millones de metros cúbicos diarios, una cifra que contrasta con los 65 millones alcanzados en su mayor apogeo entre 2014 y 2015. Arnés detalló que, de la producción diaria, entre 10 y 12 millones de metros cúbicos son enviados a la exportación y el resto satisface el mercado interno.

El experto también resaltó que el crecimiento de la demanda, como el aumento en la conversión de vehículos a gas natural vehicular (GNV), puede acelerar la necesidad de importar gas. Para abordar esta situación, subrayó la importancia de atraer capital privado a la generación de energía renovable, dada la limitación de recursos del Estado.

Propuestas para el sector energético

Entre las iniciativas propuestas por Arnés, se incluye la realización de subastas de suministro, donde el sector eléctrico determinaría la cantidad de energía necesaria, las fuentes y el plazo, permitiendo así que las empresas compitan para ofrecer precios más bajos. Este sistema debería ir acompañado de contratos a largo plazo que aseguren la estabilidad de ingresos para los proyectos.

Además, mencionó que los precios actuales limitan la inversión en generación eléctrica a partir de biomasa, argumentando que esta modalidad recibe entre 30 y 35 dólares por megavatio hora, mientras que un valor atractivo para los inversionistas debería estar cerca de 60 dólares.

Para ilustrar su punto, Arnés citó a los ingenios Guabirá, Unagro y Aguaí como ejemplos de empresas que generan electricidad a partir del bagazo de caña y que inyectan energía a la red. A su juicio, otros ingenios podrían aumentar su capacidad de generación si se crean condiciones económicas más favorables.

El experto estimó que una planta solar de gran escala podría estar operativa aproximadamente un año y medio después de la decisión de inversión, mientras que los proyectos eólicos requerirían entre dos y dos años y medio, y los hidroeléctricos al menos tres o cuatro años. Estos plazos indican la urgencia de una acción coordinada para evitar una insuficiencia en la producción nacional frente al consumo.

Por último, Arnés propuso que la fórmula de ajuste de los precios eléctricos debería basarse en un promedio del dólar, en lugar de depender de una cotización puntual, dado que el sector está influenciado por costos de equipos y servicios importados. También advirtió que una posible necesidad de importar GLP podría afectar los precios internos, aunque no proporcionó una fecha estimada para este ajuste.