Gobierno evalúa recortes en subvenciones estatales tras acuerdo con el FMI

El Gobierno boliviano está analizando la posibilidad de disminuir varias subvenciones estatales, además de eliminar el subsidio a los combustibles. Esta revisión se enmarca en el acuerdo económico establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pone un fuerte énfasis en la política fiscal del país.

Entre los sectores que podrían verse afectados por esta medida se encuentra el energético, lo que podría repercutir de manera directa en los costos que deben afrontar tanto los hogares como las empresas. El acuerdo propuesto contempla una reducción gradual de subsidios y un control más estricto del gasto público para abordar el déficit del sector público, considerado uno de los principales problemas económicos.

Detalles del acuerdo con el FMI

El acuerdo estipula un ajuste fiscal que podría alcanzar alrededor del 8,5% del PIB entre 2026 y 2029. En cuanto a los combustibles, se establece que, aunque los precios internos se mantendrán durante 2026, a partir de enero de 2027 se buscará una recuperación de costos, con el Presupuesto General del Estado de ese año sin recursos para subvencionar combustibles.

Sin embargo, las implicaciones del acuerdo son más amplias, ya que también se prevé la eliminación progresiva de controles sobre los precios de alimentos y energía, así como la racionalización de la inversión pública, la reducción del gasto estatal y la reestructuración de empresas públicas que no sean sostenibles económicamente.

El Gobierno asegura que estas medidas son parte de un plan de 36 meses destinado a estabilizar las finanzas del país. En este contexto, el acuerdo con el FMI incluye un financiamiento aproximado de 1.900 millones de dólares; el Ejecutivo espera que esto facilite la obtención de fondos adicionales de organismos como el BID y la CAF.

La preocupación actual radica en cómo estos ajustes afectarán a la población. Mientras que el Gobierno busca reducir el impacto de las subvenciones sobre las finanzas estatales, la posible eliminación o disminución de estas ayudas podría trasladar un mayor peso de los costos de la energía y otros servicios a los consumidores y empresas.