Gobierno amplía subvención para combustibles a través de nuevo decreto

El 27 de agosto, el Gobierno boliviano, bajo la dirección de Rodrigo Paz Pereira, emitió el Decreto Supremo N.º 5683, el cual incrementa de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el monto que se puede asignar desde el Tesoro General de la Nación (TGN) a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir las diferencias relacionadas con la importación de hidrocarburos.

Este nuevo decreto modifica lo estipulado en el Decreto Supremo N.º 5652, que fue promulgado el 9 de julio de 2026, y que autorizaba inicialmente un monto de hasta Bs 1.000 millones para cubrir el diferencial de costos entre la importación y el precio preterminal del petróleo crudo.

El artículo único del Decreto 5683 establece que el monto máximo autorizado ahora asciende a: "Hasta Bs2.000.000.000 (DOS MIL MILLONES 00/100 BOLIVIANOS)". Sin embargo, esto no implica que esta cantidad será desembolsada de inmediato, ya que depende de la disponibilidad financiera del TGN.

Objetivo del decreto y sus implicaciones

De acuerdo con el Ejecutivo, esta medida busca responder a la actual situación económica y asegurar la estabilidad de los precios de los derivados del petróleo. Al ampliar los recursos para YPFB, se pretende garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el país.

El decreto mantiene el mecanismo establecido anteriormente, permitiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante el TGN, otorgue recursos a YPFB según la disponibilidad financiera. Estos fondos tienen como objetivo cubrir el diferencial existente entre los costos de importación y el precio preterminal del petróleo crudo.

La promulgación de esta normativa se produce en un contexto de debates sobre el diésel y el abastecimiento de combustibles. Aunque el decreto no altera directamente los precios del diésel o la gasolina, sí permite mayor respaldo financiero para la importación y estabilización de estos productos.

Finalmente, los ministros de Economía y Finanzas Públicas y de Hidrocarburos y Energías son los encargados de implementar y asegurar el cumplimiento de esta nueva norma, firmada en el Palacio de Gobierno el 27 de agosto de 2026.