EEUU amplía sanciones en Bolivia; renuncias y exigencias en la política nacional

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la restricción de visas para 40 ciudadanos bolivianos, abarcando a dos diputados nacionales, jueces, fiscales y exfuncionarios policiales. Esta acción fue firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y representa la segunda lista emitida en 25 días, luego de las medidas del 28 de septiembre.

La medida se fundamenta en el artículo 212 de la sección C de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y busca sancionar a aquellos que, a través de la corrupción y el narcotráfico, perjudican a gobiernos elegidos democráticamente, sin distinción de afiliación política. Las sanciones también se extienden a los familiares inmediatos de los implicados, lo que eleva la cifra total a 40 personas afectadas.

• Rafael Darío López Mercado (diputado, Libre)
• Rolando Santos Pacheco Chávez (diputado, Alianza Popular)
• Juan Lanchipa (exfiscal general)
• Aldo Ismael Quezada (presidente del TDJ de Santa Cruz)
• Julio Nelson Alba (juez)

Las repercusiones políticas de este anuncio fueron inmediatas. El exmandatario Jorge Quiroga y el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidieron la separación de López Mercado de la Cámara Baja, argumentando que la corrupción y el narcotráfico afectan al país. También solicitaron que se actúe con la misma rapidez con la que se manejó el caso del exfiscal general Róger Mariaca.

La gobernadora Paola Aguirre sugirió que tanto López como Pacheco renunciaran a sus funciones, a lo que ambos respondieron que su inclusión en la lista no implica culpa. López prometió defender su honor y Pacheco aseguró que está dispuesto a cooperar en cualquier investigación.

En el ámbito judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, pidió la renuncia de Aldo Ismael Quezada y Julio Nelson Alba, solicitando que el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz evalúe su situación. Posteriormente, Quezada presentó su renuncia irrevocable a sus cargos.

La Fiscalía General del Estado también tomó medidas, desvinculando a 60 funcionarios que trabajaron durante la gestión de Mariaca, incluyendo a Félix Gerardo Balderas Arteaga y Julio César Porras, quienes también están en la lista estadounidense. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió al Gobierno que solicite a Estados Unidos las pruebas que sustenten las sanciones, para que se tomen decisiones adecuadas en Bolivia.