Paola Aguirre demanda purgas en la Policía y el sistema judicial frente al narcotráfico

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, alertó sobre la creciente impunidad con la que operan las organizaciones delictivas en Bolivia, atribuida a la corrupción dentro de las instituciones responsables de su combate. Aguirre subrayó la necesidad de depurar a la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial, así como de aumentar la cantidad de efectivos policiales destinados al departamento cruceño.

"Es fundamental que nuestra Policía cuente con un número apropiado de efectivos en relación a la población de Santa Cruz, que es la más alta del país. Esto no es solo un requerimiento, es una necesidad lógica", afirmó Aguirre, destacando que la falta de recursos humanos ha debilitado el sistema frente a los clanes criminales.

Además, Aguirre indicó que la actividad económica de Santa Cruz lo convierte en un terreno propicio para el crecimiento de bandas delictivas, que encuentran en la población vulnerable oportunidades para el reclutamiento y el lavado de dinero.

La vicegobernadora también expresó su esperanza de que el nuevo plan de refuerzo en fronteras, que incluye la presencia de policías especializados, empiece a dar resultados. No obstante, enfatizó que sin un ataque directo a la corrupción dentro de las instituciones, los esfuerzos serán insuficientes para revertir la situación.

Aguirre hizo mención a un incidente violento relacionado con el narcotráfico en Concepción, sugiriendo que refleja la influencia de las organizaciones criminales en la zona. Afirmó que el sicariato está intrínsecamente vinculado a estas actividades ilícitas y cuestionó la eficiencia de las entidades encargadas de investigar tales delitos, solicitando una revisión de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) y del sistema judicial.

"Mientras las instituciones como la Felcn y la Fiscalía continúen con personal implicado en actos de corrupción, el sistema judicial boliviano seguirá permitiendo la operación de bandas criminales en el país", expresó Aguirre, quien insistió en que es crucial depurar estas instituciones.

En relación a la situación del penal de Palmasola, Aguirre denunció que existen privilegios para los reclusos con recursos y una notable corrupción que permite la continuidad de actividades delictivas desde dentro de la prisión. Resaltó que la corrupción en este centro es alarmante, donde los internos pueden acceder a teléfonos móviles y mantener un estilo de vida cómodo.

Finalmente, Aguirre abogó por una reforma integral del sistema penitenciario, sugiriendo que la construcción de una nueva cárcel no debe ser solo un tema de infraestructura, sino que debe estar acompañada de un cambio estructural en la gestión del régimen penitenciario, que actualmente depende del Ministerio de Gobierno.