Alertas sobre corrupción en la Justicia anteceden medidas de EEUU

A lo largo de los últimos dos años, se han emitido seis alertas internacionales que advierten sobre la corrupción y la intervención política dentro del sistema judicial boliviano. Estas advertencias sirven de base para la reciente ofensiva del gobierno de Estados Unidos, que ha afectado a numerosos funcionarios judiciales.

Entre septiembre y octubre de este año, Estados Unidos implementó restricciones migratorias que afectaron a 62 individuos, entre los cuales se encuentran 16 fiscales, jueces y magistrados, tanto en funciones como retirados. Esta acción responde a la estrategia de Washington contra el crimen organizado y la corrupción en el país.

En junio de 2022, el relator de la ONU sobre independencia judicial, Diego García-Sayán, realizó una visita a Bolivia y comentó sobre la manipulación política en la Justicia, la dilatación de procesos y el abuso en el uso de la detención preventiva. García-Sayán reveló que casi la mitad de los jueces ordinarios eran interinos y que una gran parte de los presos no contaban con sentencia judicial.

El informe emitido en diciembre de 2024 por la Comisión Internacional de Juristas y otras organizaciones, señaló la falta de elecciones judiciales y la continuidad de magistrados, poniendo en riesgo la independencia del sistema judicial en Bolivia.

Un informe del Índice Global de Crimen Organizado de noviembre de 2025 calificó a Bolivia con 5,12 puntos en criminalidad, evidenciando una creciente influencia del crimen organizado en el aparato estatal, mientras que la capacidad del sistema judicial para enfrentar esta problemática obtuvo una puntuación de solo 3.

A finales de septiembre de 2026, la relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, hizo énfasis en la necesidad de evitar las injerencias políticas en la selección de jueces, abogando por un proceso basado en méritos y la independencia judicial. En ese contexto, el 28 de septiembre se anunciaron restricciones para 21 ciudadanos bolivianos, donde se incluyeron varios fiscales y jueces que enfrentan acusaciones graves.

Las restricciones impuestas por Estados Unidos también reafirmaron la urgencia de reformas judiciales en el país. Propuestas como la elección de fiscales por voto popular y el establecimiento de controles ciudadanos han surgido desde distintos sectores, incluyendo solicitudes de asistencia técnica internacional para mejorar la transparencia y combatir la corrupción.