Crisis del sector construcción se agrava con caída del 27,3% y aumento del diésel

El incremento del precio del diésel, que pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95, ha impactado gravemente en un sector que ya había visto una disminución del 27,3% en sus actividades durante el primer semestre del año. Esta situación ha elevado los costos de las obras entre un 50% y un 60%, lo que ha llevado a los empresarios del rubro a demandar la actualización automática de los contratos públicos.

Desde la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) se ha manifestado que las empresas desean continuar operando y generar empleo, pero para ello requieren condiciones adecuadas que les permitan cumplir con los contratos y finalizar las obras. Los factores que complican la situación son el alza en los costos, problemas de acceso a divisas y retrasos en los pagos, que afectan la viabilidad de los proyectos en ejecución.

"Sabemos que la medida de levantar la subvención a los combustibles era algo necesario, esto va a viabilizar las condiciones en el país", afirmó Jaime del Llano, presidente de Caboco, subrayando la necesidad de ajustes en los precios de los contratos.

Las proyecciones indican que con el nuevo precio del diésel y el aumento de los materiales de construcción, los costos de ejecución de obras podrían incrementarse entre un 50% y un 60% en comparación con hace un año. Esto es crítico ya que muchos contratos se firmaron cuando el litro de diésel costaba Bs 3,72 y el dólar tenía un tipo de cambio fijo de Bs 6,96.

Eduardo Rodas Herrera, presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), propuso un nuevo mecanismo de reajuste que contemple "una fórmula polinómica" para actualizar los contratos en función de las variaciones de los costos de los principales insumos de construcción, destacando que esto es una práctica común en otros países y organismos internacionales.

El sector también enfatiza la necesidad de que las instituciones públicas realicen un "sinceramiento" de los recursos disponibles para cada proyecto, a fin de determinar si corresponde implementar un reajuste, disminuir el alcance o suspender las obras.

Las entidades constructoras expresan su preocupación por las deudas acumuladas que las entidades públicas mantienen con ellas. Esta situación ha generado un riesgo de liquidez y ha llevado a que muchas obras se encuentren en pausa a la espera de la definición sobre el reajuste de precios.

A nivel nacional, se reporta que más del 70% de los proyectos están paralizados mientras se espera la implementación de ajustes en los costos. La situación es crítica y algunas empresas han comenzado a tramitar la modificación de contratos debido a los incrementos en los costos de ejecución.