Defensoría del Pueblo insta a monitorear precios y abastecimiento tras la eliminación del subsidio al diésel

Este domingo, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno para que implemente mecanismos de vigilancia continua sobre los precios y el abastecimiento de productos alimenticios, transporte y otros bienes esenciales. Esto surge ante la preocupación por las repercusiones económicas y sociales que podrían generarse tras la eliminación del subsidio al diésel.

La institución subrayó que el diésel es un insumo fundamental en diversas actividades económicas, incluyendo el transporte y la producción agraria, por lo que cualquier alteración en su costo puede afectar a múltiples sectores. La Defensoría enfatiza la necesidad de seguir de cerca el impacto en los productos de la canasta básica y otros servicios esenciales, aunque no se ha especificado un posible aumento en estos precios.

Asimismo, se solicitó al Gobierno que adopte medidas de mitigación que sean "oportunas, suficientes, accesibles y transparentes", enfocándose especialmente en los hogares de menores ingresos y aquellos grupos que podrían verse más perjudicados por el nuevo esquema de precios de los combustibles.

La Defensoría también hizo hincapié en la importancia de que las políticas de protección social anunciadas por el Gobierno dispongan de criterios claros para su acceso y cobertura, garantizando que realmente beneficien a las familias que experimenten una disminución en su capacidad adquisitiva.

Este pronunciamiento se produce tras la decisión gubernamental de eliminar el subsidio al diésel, lo cual altera el sistema de precios vigente y forma parte de un conjunto de medidas que, según el Ejecutivo, buscan enfrentar problemas fiscales y asegurar el abastecimiento de combustibles.

La Defensoría considera que el efecto de esta decisión debe ser analizado no solo en relación con el precio del diésel en las estaciones de servicio, sino también porque su uso impacta en el costo de transporte de mercancías y en múltiples actividades productivas.

Finalmente, la Defensoría instó al Gobierno a abrir canales de diálogo con los sectores que se sientan afectados por la eliminación del subsidio, buscando evaluar los efectos de la medida y considerar propuestas que ayuden a mitigar la conflictividad social. También se hizo un llamado a las organizaciones sociales y productivas para que ejerzan su derecho a la protesta de manera pacífica, sin afectar el abastecimiento de servicios esenciales.

La institución reafirmó su compromiso de continuar el seguimiento de cómo estas decisiones económicas impactan los derechos humanos de la población, y se comprometió a formular recomendaciones pertinentes en el marco de sus competencias constitucionales y legales.