Cívicos cruceños exigen respuestas del Gobierno y amenazan con medidas drásticas

La Asamblea de la Cruceñidad ha marcado el 10 de octubre como fecha límite para que el Gobierno nacional responda a sus peticiones en cuanto a temas económicos, energéticos y de autonomía regional. Si no se obtienen respuestas, los cívicos han advertido sobre la posibilidad de iniciar un plan de movilizaciones que contempla la autoproclamación de una 'autonomía de facto' para Santa Cruz.

Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, destacó que entre las exigencias más urgentes se encuentran la restitución de competencias y la transferencia de recursos y facultades a gobiernos locales, universidades y municipios en sectores críticos como salud, educación e infraestructura.

Además, los cívicos proponen incorporar el esquema 50/50 en el Presupuesto General del Estado (PGE) para 2027, lo que permitiría que una parte de los ingresos generados en cada región permanezca en los respectivos departamentos.

En el ámbito energético, se exige la liberación del control sobre la importación, distribución y venta de combustibles, así como la eliminación de impuestos que, según ellos, contribuirían a la reducción de precios. También solicitan el fin del monopolio de YPFB, el impulso a los biocombustibles y la explotación de pozos de petróleo.

Cochamanidis advirtió que, si el Gobierno no responde antes del 10 de octubre, comenzarán con las movilizaciones coincidiendo con el Día de la Democracia. No se descarta la realización de un cabildo abierto. La Asamblea ha delegado al Comité pro Santa Cruz la coordinación de estas medidas de presión, comenzando por el diálogo, aunque también se contempla la opción de activar la 'autonomía de facto'.

Así, Santa Cruz intensifica su presión sobre el Gobierno, planteando la necesidad de respuestas claras antes de la fecha límite establecida, de lo contrario, se enfrentarán a un movimiento organizado que puede cambiar el rumbo de la región.