ECONOMÍA El Gobierno evalúa el cierre de hasta diez empresas estatales
El actual Gobierno, liderado por Rodrigo Paz, impulsa una reestructuración del sector empresarial estatal, considerando el cierre, la liquidación o la transformación de empresas que no presentan sostenibilidad financiera. Esta revisión podría afectar a entre ocho y diez entidades, según lo informado por el Ministerio de Economía y la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP).
El Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, manifestó que se realizarán diagnósticos técnicos a las empresas para identificar cuáles pueden seguir operando y cuáles son una carga para las finanzas del Estado. El mecanismo, establecido en el PGE Reformulado 2026, permitirá llevar a cabo reorganizaciones, disoluciones y liquidaciones.
La OFEP ha identificado que 15 empresas se encuentran en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas que rondan los Bs 3.637 millones. Entre las entidades que enfrentan esta situación están la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).
Este ajuste también impactará en los recursos destinados a estas empresas, ya que el PGE Reformulado prevé una reducción de Bs 3.800 millones en los aportes de capital a empresas públicas, como parte de la estrategia del Gobierno para disminuir el déficit fiscal. Espinoza aclaró que el objetivo no es cerrar empresas de manera automática, sino evaluar la alternativa más conveniente: mantenerlas, reestructurarlas, transferirlas, asociarlas con el sector privado o liquidarlas.
Incluso se encuentra bajo análisis una empresa estatal de producción de papas fritas en El Alto, la cual podría ser cerrada, cedida a otro nivel de gobierno o reestructurada en un esquema de asociación público-privada, dependiendo de los resultados de la evaluación.
El Gobierno busca reducir la estructura empresarial estatal, que ha demandado recursos públicos por años. A partir de ahora, las empresas deberán demostrar su capacidad para operar sin ser una carga para el Estado.
