Desafíos de la justicia en Bolivia

En el contexto boliviano, la afirmación de que "nadie está por encima de la ley" pierde credibilidad ante situaciones que parecen contradecirla. Recientemente, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, subrayó la necesidad de que todos, sin excepción, enfrenten las consecuencias de sus actos, refiriéndose a la aprehensión de Fernando Cerimedo, asesor del presidente.

Sin embargo, este mismo principio no se aplica de manera uniforme. El expresidente Evo Morales tiene en su contra varias órdenes de aprehensión por delitos graves, como trata de personas y estupro, además de otras acusaciones recientes. A pesar de esto, las autoridades han admitido que estas órdenes aún no se han ejecutado, dejando en manos del Ministerio Público su cumplimiento.

La discrepancia en la rapidez de acción de la Policía suscita interrogantes sobre la efectividad de la justicia en el país. La pregunta que surge es: ¿por qué en algunos casos se actúa de inmediato y en otros hay demoras inexplicables? La justicia debería ser igual para todos, independientemente de su estatus.

La verdadera medida del Estado de derecho no se basa en cómo se castiga a unos, sino en la consistencia de la aplicación de la ley. En una democracia, la justicia no debe ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho para todos. Si existen órdenes judiciales, deben ser ejecutadas; si hay limitaciones legales, estas deben ser aclaradas públicamente.

"Cuando la ley se aplica según conveniencias, deja de ser justicia y se convierte en privilegio."

Pedro Rivero Jordán, presidente del Consejo Editorial, enfatiza que la justicia debe ser un pilar fundamental en la sociedad, evitando caer en la trampa de la selectividad que socava la confianza pública en las instituciones.