POLÍTICA Crisis política y económica marca el último mes del estado de excepción
El estado de excepción instaurado por el presidente Rodrigo Paz el 20 de junio llega a su último mes, enfrentando una crisis económica y energética que aún no se resuelve. Durante este periodo, se han anunciado movilizaciones y se ha evidenciado una notable fragmentación en la Asamblea Legislativa.
Paz implementó esta medida de 90 días tras más de 50 días de bloqueos y enfrentamientos que afectaron significativamente al occidente del país, con el objetivo de restablecer el orden y la normalidad en la circulación de bienes y personas.
A pesar de que el Gobierno ha destacado la recuperación del abastecimiento y el levantamiento de los bloqueos, las tensiones económicas que originaron el conflicto persisten. En estos dos meses, al menos cinco movimientos de protesta han tenido lugar.
- Campesinos afines a Evo Morales en Cochabamba.
- Trabajadores de salud en Santa Cruz por sueldos pendientes.
- Obreros de aseo urbano en La Paz.
- Organizaciones de San Julián por escasez de diésel.
- Jubilados en rechazo a un decreto que afecta su representación.
A medida que se aproxima la finalización del estado de excepción, el sector del transporte también ha anunciado que tomará medidas de presión si no se soluciona la falta de carburantes, lo que podría aumentar la tensión social.
Desde el campo político, las organizaciones cercanas a Evo Morales se están preparando para reanudar sus movilizaciones. El expresidente ha convocado a un ampliado para el 26 de septiembre en Lauca Ñ, donde se definirá la estrategia de protestas a partir de octubre.
Mientras tanto, la Asamblea Legislativa ha otorgado al Ejecutivo el respaldo legal necesario para enfrentar la crisis, abrogando la Ley 1341, aprobando la Ley 1740 y ratificando el Decreto Supremo 5636. Sin embargo, el Partido Demócrata Cristiano se encuentra dividido y la agrupación Unidad enfrenta fragmentaciones internas.
Una reciente censura al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, ha generado otro conflicto, ya que la Asamblea la aprobó con 91 votos, pero el Gobierno considera que se requerían 111 para su validez. En este clima de incertidumbre, la falta de una mayoría sólida complica la aprobación de reformas.
"Los acuerdos deben canalizarse mediante los partidos y no a través de negociaciones individuales con parlamentarios", afirmó Manfred Reyes Villa, refiriéndose a la necesidad de unión en la oposición.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, ha manifestado que el Gobierno buscará dialogar con los líderes políticos y parlamentarios para alcanzar acuerdos que permitan avanzar en las reformas necesarias, destacando que los representantes tienen la responsabilidad de votar en favor de sus regiones.