ECONOMÍA Alcaldía de Santa Cruz revela medidas drásticas contra deudores por impuestos irregulares
La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ha dispuesto un plazo límite hasta el 31 de agosto para que aquellos contribuyentes que se beneficiaron de irregularidades en el sistema de recaudación de impuestos regularicen sus deudas. Si no lo hacen, la municipalidad procederá a hacer pública la lista de deudores y comenzará a implementar acciones legales para el cobro.
Carlos Alberto Versaín, director de Recaudaciones, comunicó que una auditoría reciente identificó más de 22.000 casos de manipulación informática en los impuestos sobre bienes inmuebles. Esta situación ha ocasionado un perjuicio económico al municipio que supera los 570 millones de bolivianos.
“Después de la fecha límite, haremos pública la lista de los deudores y comenzaremos con los procesos de fiscalización y de cobranza coactiva”, aseguró Versaín.
El director indicó que las deudas que habían sido reducidas de manera irregular han sido recalculadas a su valor real y están listas para ser cobradas nuevamente a través del sistema municipal.
Asimismo, advirtió que las acciones legales que se tomarán en caso de incumplimiento pueden derivar en medidas severas, como el bloqueo de cuentas bancarias, la inscripción de hipotecas y el remate de bienes de los deudores.
En cuanto a las responsabilidades internas, se ha informado que la investigación realizada por un equipo de abogados, auditores e ingenieros ha logrado identificar a más de 100 exfuncionarios como posibles responsables de la manipulación del sistema. "Más de 100 exfuncionarios han sido plenamente identificados gracias al registro del sistema, que documenta cada acceso y acción realizada", comentó Versaín.
La Alcaldía ya ha procedido a formalizar las denuncias pertinentes para iniciar procesos penales, civiles y administrativos contra los implicados. Adicionalmente, la Dirección de Recaudaciones ha anticipado que en aproximadamente dos semanas se finalizará una auditoría relacionada con los impuestos de vehículos y patentes, la cual podría revelar un daño económico adicional.
