Crecen las solicitudes para la remoción del ministro Gabriel Espinoza ante acusaciones de irregularidades fiscales

La controversia en torno al Ministro de Economía, Gabriel Espinoza, ha tomado un nuevo impulso tras la revelación de presuntas irregularidades en su declaración jurada de bienes. Los indicios apuntan a la subvaluación de activos y a la omisión de información relevante, lo que podría constituir según la legislación boliviana, varios delitos.

Entre los ilícitos señalados, se encuentra la falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, regulada por el artículo 274 del Código Penal, que se activa cuando un servidor público no incluye información veraz sobre su patrimonio. En el caso de Espinoza, se destaca la omisión de un vehículo que poseía y la declaración de un patrimonio que no refleja su situación actual.

Adicionalmente, se están considerando las acusaciones de falsedad ideológica y uso de documentos falsificados. Estos delitos surgen cuando se inserta información falsa en documentos públicos, como los contratos de compra-venta. En este contexto, se menciona que el ministro habría registrado un precio significativamente inferior al real en un documento notarial, lo que afecta la veracidad de dicha transacción.

Otro aspecto preocupante son las posibles violaciones a la Ley N° 2492, conocida como el Código Tributario, que contempla delitos tributarios como la evasión fiscal. La subvaluación de bienes en acuerdos de transferencia tiene como objetivo la reducción de impuestos, lo que constituye una clara defraudación tributaria que perjudica al Estado.

Finalmente, la indagación sobre el enriquecimiento ilícito también está en la mira. Se investiga cualquier incremento patrimonial que no se justifique con los ingresos oficiales del funcionario. En este sentido, la adquisición de automóviles de lujo, cuya compra parece desproporcionada respecto a su salario y a sus declaraciones tributarias, podría desencadenar investigaciones adicionales por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras.