Desafíos para la nueva Ley de Inversiones en Bolivia según el IBCE

En una reciente aparición en el programa Influyentes de EL DEBER, Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), expresó sus dudas sobre la capacidad de la nueva Ley de Inversiones para revertir la disminución de la inversión extranjera en Bolivia. Según él, el país necesita implementar reformas estructurales que fortalezcan la confianza de los inversores.

Rodríguez destacó que en 2025, América Latina y el Caribe atrajeron $us 194.233 millones en inversión extranjera directa (IED), lo que representa un incremento del 1,7% respecto al año anterior, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Sin embargo, Bolivia solo captó $us 620 millones, aproximadamente el 0,3% del total regional, a pesar de que esta cifra muestra un aumento del 73,3% con respecto a los $us 358 millones de 2024.

Al comparar estos números con los de sus vecinos, Rodríguez enfatizó la debilidad de Bolivia en la captación de capitales. Perú recibió cerca de $us 12.000 millones y Chile alrededor de $us 15.000 millones en IED en 2025, lo que evidencia la brecha existente en la capacidad del país para atraer inversiones.

El gerente del IBCE argumenta que Bolivia cuenta con vastos recursos naturales y oportunidades productivas, incluyendo reservas mineras, tierras agrícolas y biodiversidad. Sin embargo, sostiene que la falta de confianza y un entorno económico favorable son obstáculos que deben ser superados para poder atraer inversiones a largo plazo.

En este contexto, se menciona que el Gobierno actual está promoviendo una nueva Ley de Inversiones junto con reformas en los sectores de minería e hidrocarburos, buscando garantizar la seguridad jurídica y atraer tanto inversiones nacionales como extranjeras. Este proyecto incluye disposiciones que requieren la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa para eventuales nacionalizaciones y promueve el arbitraje internacional, salvo en el sector hidrocarburos.

Rodríguez plantea que es fundamental abordar los “candados” constitucionales que limitan la inversión extranjera. En particular, se refiere a la disposición del artículo 320 de la Constitución, que exige que las inversiones extranjeras se sometan a la legislación nacional y a la jurisdicción local. Esta cláusula, según un análisis de Harvard Kennedy School, es vista como un factor que disuade la inversión debido a la falta de un marco claro para la resolución de conflictos.

Además, el artículo 366 impone restricciones a las empresas extranjeras en el sector de hidrocarburos, prohibiendo la invocación de arbitraje internacional. Esto, argumenta Rodríguez, puede desincentivar a los grandes inversores, quienes buscan garantías para su capital en caso de disputas con el Estado.

El gerente del IBCE concluyó que Bolivia se encuentra en un momento crítico en el que debe aprovechar sus recursos naturales y potencial productivo para atraer inversiones. A pesar del aumento en la IED, la mayoría corresponde a reinversiones de empresas ya operativas en el país, lo que indica que es esencial crear un ambiente adecuado para nuevos capitales. Rodríguez hizo un llamado a los legisladores para que actúen con responsabilidad en la formulación de nuevas leyes, enfatizando que si no se corrigen las limitaciones actuales, el país seguirá enfrentando ciclos de crisis.