POLÍTICA La responsabilidad de los jueces ante las decisiones judiciales, según el presidente del TSJ
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, subrayó la importancia de que cada juez asuma la responsabilidad por las resoluciones que emite. Esto surge a raíz de la reciente inclusión de tres jueces bolivianos en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, que les ha revocado la visa y limitado su ingreso al país.
Saucedo enfatizó en una conferencia de prensa: “Cada juez es responsable de sus resoluciones. Y en el marco de esa independencia con la que actúan, ellos deberán responder si se abre una investigación en alguna situación que puedan estar involucrados”.
El Departamento de Estado de EEUU comunicó la imposición de restricciones de visa a 12 ciudadanos bolivianos y sus familias, entre los que se encuentran tres jueces: Albania Chane Caballero Saavedra, Rosario Ximena Flores Paniagua y Rodrigo Aldo Vedia Espinoza.
Albania Chane Caballero, primera jueza investigadora en Santa Cruz en temas de Anticorrupción y violencia hacia las mujeres, es señalada por haber autorizado la detención domiciliaria de Hebert Zeballos en un caso relacionado con la legitimación de ganancias ilícitas, conforme a lo indicado por el Departamento de Estado.
Por su parte, Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción Penal en Santa Cruz, también figura en la lista por haber firmado el mandamiento de libertad de Zeballos, quien está vinculado al mismo caso.
El tercer juez mencionado, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia, es destacado por haber tenido a su cargo la detención preventiva de Misael Nallar, implicado en el asesinato de tres policías en Porongo.
Saucedo también aclaró que el Órgano Judicial no tiene la potestad de designar o sancionar a los jueces, ya que esas competencias pertenecen al Consejo de la Magistratura. Esta aclaración se produce en el marco de las crecientes tensiones entre las autoridades judiciales y las sanciones internacionales.
La medida adoptada por Estados Unidos forma parte de una nueva estrategia que busca restringir el ingreso a su territorio de individuos extranjeros considerados corruptos, incluyendo a sus familias. Según un comunicado del Departamento de Estado, “bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos”.
