POLÍTICA La ALP discute el futuro del fiscal general Róger Mariaca
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) abordará hoy la situación jurídica de Róger Mariaca, el fiscal general que fue aprehendido la noche del miércoles en el aeropuerto de Viru Viru. En este contexto, se plantean interrogantes sobre la legalidad de su reemplazo por Luis Montaño y quién tiene la autoridad para decidir sobre una posible suplencia en la Fiscalía General.
El presidente del Senado, Diego Ávila, quien asume temporalmente la presidencia de la ALP debido al viaje del vicepresidente Edmand Lara a Europa, ha convocado la sesión para las 9:30. Uno de los temas centrales del debate será la situación de Luis Montaño en su nuevo rol al frente del Ministerio Público, tras la detención de Mariaca. Legisladores han cuestionado que este cambio se haya realizado sin una resolución formal de la Asamblea.
El diputado Manolo Rojas, presidente de la Comisión de Justicia Plural, enfatizó que la Ley 260 detalla las causas que pueden llevar a la cesación del fiscal general y que cualquier proceso relacionado con la suplencia debe ser tramitado por la ALP. Adicionalmente, Rojas destacó que no existe aún una acusación formal en contra de Mariaca, lo que complica el escenario legal de su reemplazo.
Por su parte, la diputada Lissa Claros subrayó la necesidad de que la Asamblea determine si la suplencia debe ser temporal o permanente, esto dependerá de la claridad en torno a la situación jurídica de Mariaca. Asimismo, el legislador Ruddy Pantaleón hizo un llamado a adoptar cualquier decisión respetando el debido proceso y las normativas vigentes.
En un contexto adicional, Mariaca se encuentra a la espera de la resolución de un recurso de acción de libertad que ha sido presentado contra el presidente Rodrigo Paz y otras autoridades. Este recurso fue interpuesto junto a los fiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta, quienes también enfrentan cuestionamientos.
El abogado penalista y exfiscal Joadel Bravo aclaró que, debido a su posición, Mariaca está sujeto a un régimen especial según la Ley 044. Esta ley establece el procedimiento para el juicio de responsabilidades de las altas autoridades del Ministerio Público en casos de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, lo que incluye una fase de investigación y acusación en la Cámara de Diputados.
La Ley 612 complementa este procedimiento, indicando que la aprobación de la acusación implica la suspensión del cargo del fiscal, mientras que el juicio subsiguiente determinará su responsabilidad. Además, la Ley 260 establece que en caso de destitución, la suplencia debe ser gestionada por la Asamblea en favor de un fiscal departamental.
