Juan Pablo Velasco sugiere eliminar subsidios a combustibles y ofrecer un bono para usuarios de transporte público

En el contexto de la crisis de carburantes que atraviesa Bolivia, Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz, ha propuesto eliminar la subvención generalizada a los combustibles, sugiriendo en su lugar la implementación de un sistema de compensación para los usuarios del transporte público que lo necesiten durante esta transición.

Velasco indicó que YPFB debería dejar de importar y vender combustibles subsidiados, abriendo el mercado a la competencia de operadores privados en la importación y distribución de carburantes a precios reales. Según sus cálculos, con un precio más acorde al barril de petróleo, el costo del litro de combustible podría llegar a 16,5 bolivianos.

El gobernador enfatizó que la subvención actual no es sostenible y que la asistencia estatal debe concentrarse en quienes realmente la requieren, en lugar de ser un subsidio al combustible en general. Para ello, propone un periodo de transición de tres meses en el que se otorgue un bono directo a los usuarios del transporte público.

Como parte de su plan, Velasco sugiere la implementación de un sistema tecnológico conocido como la tercera placa (B-Sisa), que permitiría identificar electrónicamente los vehículos, registrar la distancia recorrida y utilizar parámetros técnicos de consumo. Esto tiene como fin dirigir la subvención hacia el transporte público de manera efectiva y evitar su distribución indiscriminada.

El gobernador también mencionó que la apertura del mercado es crucial para permitir la participación de nuevas empresas y proveedores internacionales. Velasco destacó que la administración de Santa Cruz está dispuesta a colaborar con entidades privadas que actualmente no están vinculadas al Gobierno Nacional para encontrar soluciones rápidas a la demanda de combustibles en el departamento.

Sin embargo, Velasco advirtió que para que el sector privado se sienta incentivado a participar, no se puede exigir que importen combustibles a precios internacionales y al mismo tiempo competir con precios artificialmente bajos generados por el Estado. Esta situación, según él, perpetúa problemas como la escasez y el contrabando, afectando la competencia equitativa entre los operadores.

"Mientras existan precios artificialmente bajos, escasez, contrabando y mercados paralelos, los operadores privados no podrán competir en igualdad de condiciones, y el problema del abastecimiento continuará".