La reforma constitucional prioriza la protección de los derechos

El Senado boliviano ha iniciado un proceso de discusión sobre la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), donde se incluye la participación activa de universidades y juristas. Diego Ávila, presidente del Senado, destacó la importancia de incorporar al sistema universitario en este análisis, subrayando que su contribución debe extenderse a diversas áreas, no solo a la educación superior.

Durante las conversaciones iniciales, se estableció un principio fundamental: el capítulo de derechos de la CPE no será modificado. Esto fue afirmado por Ávila, quien mencionó que cualquier cambio en este ámbito debe enfocarse en profundizar los derechos existentes, no en restringirlos.

El artículo 411 de la CPE especifica que cualquier cambio que afecte los derechos fundamentales o las bases del Estado debe ser abordado a través de una reforma total, lo que requiere la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Para reformas parciales, se necesita una iniciativa popular respaldada por al menos el 20% del electorado o la aprobación de dos tercios en la Asamblea, seguido de un referéndum.

Juan Del Granado, presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, enfatizó la importancia de respetar las normas establecidas en la CPE para cualquier modificación. Él afirmó que la Constitución no es un conjunto de normas que se pueden alterar según las coyunturas políticas, sino que es el marco que sostiene la convivencia democrática en el país.

La Comisión de Constitución también ha reanudado la discusión sobre la reforma del sistema judicial, que incluye un presupuesto mínimo del 3% para el Órgano Judicial, la eliminación de jueces provisorios y la creación de una comisión encargada de preseleccionar candidatos a altos cargos judiciales. Del Granado destacó que esta reforma es esencial para fortalecer la democracia en Bolivia.

"La reforma judicial viene siendo una exigencia del sistema democrático para su fortalecimiento y para su consolidación".

Además, se están considerando ajustes sobre el reconocimiento de la justicia de paz, la conciliación y el arbitraje, la prohibición de prórrogas de mandato y la eliminación de la Procuraduría General del Estado. Estos cambios reflejan la urgencia de mejorar la situación de la administración de justicia, según lo manifestado por el diputado Ruddy Pantaleón.

Por otro lado, Ávila y el diputado Carlos Alarcón han presentado propuestas que pretenden modificar aspectos de los sistemas económico y judicial, buscando eliminar disposiciones de la Constitución para que sean reguladas a través de leyes específicas, enfocándose en la inversión, propiedad estatal y resolución de disputas.