Impacto inicial del Súper El Niño en Bolivia

Aún sin mostrar toda su magnitud, el fenómeno conocido como Súper El Niño ha comenzado a tener efectos palpables en Bolivia. Actualmente, 26 municipios de seis departamentos están experimentando sequías, mientras que en La Paz se ha observado una notable disminución en los niveles de agua de las represas. Además, los pozos de la región de la Chiquitania están perdiendo caudal y se han declarado emergencias en algunas áreas del Chaco, lo que indica que el país se encuentra en una situación de riesgo que requiere más que respuestas temporales.

Los estudios realizados por científicos sobre El Niño a lo largo de las últimas décadas han mostrado que el calentamiento de las aguas del océano Pacífico tiene consecuencias severas. En esta ocasión, el aumento de la temperatura del mar ha superado los dos grados centígrados, lo que justifica la clasificación del fenómeno como un "Súper El Niño". Esto se asocia históricamente con eventos climáticos extremos mucho más agudos.

Antiguamente, los efectos de El Niño se vinculaban con la llegada del verano y la época navideña. Sin embargo, este año han comenzado a manifestarse varios meses antes de lo habitual. Sequías, incendios, olas de calor e inundaciones están afectando diversas partes del mundo, y Bolivia no es la excepción. Se prevé que la situación se agrave durante el resto de 2026 y gran parte de 2027.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido advertencias sobre las condiciones climáticas que se avecinan. Los pronósticos indican que el occidente y altiplano enfrentarán lluvias escasas y sequías severas, mientras que el oriente podría experimentar precipitaciones intensas y posibles inundaciones. Este fenómeno tendrá efectos de amplio alcance en el país, impactando no solo el clima, sino también la disponibilidad de agua, la producción agrícola, la ganadería, la energía, la logística y el suministro de alimentos.

Bolivia se encuentra en una posición de vulnerabilidad ante esta amenaza climática, ya que la economía ya enfrenta problemas asociados a la escasez de divisas y desabastecimiento de combustibles, además de una recuperación económica que aún es delicada tras conflictos sociales recientes. En este contexto, un evento climático extremo podría agravar aún más la situación.

Ante esta realidad, surge la necesidad de establecer un Consejo Nacional de Prevención que coordine esfuerzos entre instituciones públicas, sectores productivos y gobiernos locales. La clave de esta iniciativa está en la premisa: "No podemos controlar el clima, pero sí su impacto". Esto subraya la importancia de la prevención, que es menos costosa que la reconstrucción y puede salvar vidas, empleos y recursos.

El Gobierno ha afirmado que está preparado con un plan de contingencia basado en la Ley 602 de Gestión de Riesgos. Aunque esta normativa es un paso necesario, es fundamental que se traduzca en acciones concretas. Los municipios requieren apoyo inmediato para evitar que los pozos se sequen por completo, y los sistemas de riego deben implementarse antes de que las pérdidas agrícolas sean irreversibles.

Bolivia aún tiene la oportunidad de prepararse ante la situación. Si bien los impactos iniciales ya son evidentes, las proyecciones sugieren que lo peor está por venir. La capacidad del país para actuar de manera proactiva en este momento determinará si la crisis se puede manejar o si se convierte en un desastre significativo.