Controversia por protestas afines a Evo y demanda de investigación sobre su financiamiento

Las recientes convocatorias a movilizaciones por parte de grupos afines a Evo Morales han generado una serie de cuestionamientos, destacando la postura de Guadalupe Cárdenas, ex representante de las esposas de Policías. Esto se da en medio del estado de excepción vigente y las advertencias del Gobierno acerca de posibles bloqueos en el país.

Los sectores que se están movilizando se oponen a varias medidas económicas implementadas por el Gobierno, incluyendo la eliminación de la subvención al diésel y otras disposiciones que afectan a las empresas estatales.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, indicó que las investigaciones en curso han revelado indicios sobre la procedencia de los fondos que habrían financiado los 53 días de bloqueos que ocurrieron entre mayo y junio. Además, relacionó estas movilizaciones con supuestas organizaciones criminales, aunque enfatizó que es necesario presentar pruebas concretas.

Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que si bien las manifestaciones pacíficas son permitidas, no se tolerarán bloqueos que pongan en riesgo la circulación, el abastecimiento de alimentos y medicamentos, o la seguridad de la población. También destacó que cualquier intervención debe seguir el marco legal establecido.

Además, se han planteado cuestionamientos sobre actos de violencia contra la policía durante previas jornadas de conflicto. Sin embargo, la identificación de responsabilidades y el posible financiamiento irregular de dichas protestas deben ser respaldados por evidencias verificables, evitando considerar ciertas acusaciones como hechos consumados antes de que se finalicen las investigaciones.

A pesar de los cuestionamientos, los sectores vinculados a Morales continúan con planes de movilización hacia La Paz, aunque al 12 de octubre no habían establecido una fecha concreta para dicha marcha. La Policía ha informado que implementará controles en las rutas y coordinará con las Fuerzas Armadas para prevenir posibles enfrentamientos y asegurar la libre circulación de la ciudadanía.