Comité Cívico de Santa Cruz amenaza con movilizaciones ante incumplimiento del Gobierno

El plazo establecido por la Asamblea de la Cruceñidad para que el Gobierno responda a diversas demandas regionales, culmina este sábado 10 de octubre. Entre las exigencias destacan la implementación del modelo económico 50/50 y soluciones al abastecimiento de combustibles.

Esta mañana, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, se presentó ante el Comité Pro Santa Cruz para informar sobre los avances negociados con el Gobierno central respecto a las solicitudes planteadas el 9 de septiembre.

El presidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, indicó que, aunque existen algunos avances, la respuesta del Gobierno no es considerada suficiente. "Evaluaremos los compromisos que el Gobierno debe cumplir. Si no hay atención, iniciaremos movilizaciones escalonadas", advirtió Cochamanidis, mencionando la posibilidad de convocar a un Cabildo.

El gobernador Velasco reafirmó que han habido progresos en algunos puntos, pero también reconoció que otros siguen pendientes. "Como mencioné en la Asamblea de la Cruceñidad, estoy aquí para respaldar a nuestro pueblo y sumar en los puntos importantes," enfatizó.

En relación a los objetivos a corto plazo, el gobernador mencionó que el lunes 12 de octubre se llevará a cabo una reunión en Pando para discutir el tema de la coparticipación para 2027, un asunto clave para el nuevo presupuesto general.

Entre las solicitudes aún pendientes por parte del Gobierno se encuentra el deseo de que cada región tenga la potestad de elegir a sus autoridades departamentales, incluyendo al fiscal departamental. Para esto, piden que se modifique la ley del Ministerio Público desde la Asamblea Plurinacional.

Adicionalmente, se solicita descentralizar el sector salud y contar con una currícula educativa regionalizada, permitiendo que cada departamento decida sobre la enseñanza que impartirá a sus estudiantes.

Por último, el gobernador mencionó que desde 2016, la Ley 767 ha descontado el 12% del IDH antes de su distribución entre gobernaciones, municipios y universidades, con el propósito de fomentar la exploración petrolera. Sin embargo, tras diez años, la producción de gas ha disminuido y los recursos que reciben las regiones son menores. Velasco enfatizó la necesidad de modificar esta ley para recuperar esos fondos y mejorar la situación de las entidades locales.