POLÍTICA Cambios drásticos en el sistema judicial boliviano tras denuncias de corrupción
El 28 de septiembre de 2026 marcó el inicio de un importante cambio en la justicia boliviana, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó los visados de casi 30 funcionarios de América Latina, destacándose el nombre de Roger Mariaca, quien enfrentaba acusaciones de corrupción y sobornos relacionados con el narcotráfico.
El 30 de septiembre, la Policía aprehendió a Mariaca en el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz. En simultáneo, se realizaron operativos en otras ciudades que resultaron en la detención del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y del fiscal superior Martín Irusta.
El 1 de octubre, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció la desarticulación de una organización criminal dentro de la justicia, dirigida por Mariaca, supuestamente dedicada a proteger el narcotráfico. En ese contexto, un video del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, donde lo menciona como amigo, se volvió viral en redes sociales.
El 2 de octubre, la justicia rechazó la acción de libertad interpuesta por el abogado de los fiscales detenidos, mientras que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se discutía el caso de Mariaca. En esa sesión, se tomó la decisión de destituir a Mariaca y se eligió a José Armando Urioste Viera como Fiscal General interino.
Ese mismo día, la justicia determinó que Mariaca pasaría seis meses en prisión preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí, por su vinculación con el narcotráfico. La misma medida se aplicó a Zeballos, Aparicio y Irusta, quienes también están bajo investigación por su presunta conexión con actividades criminales.
El 4 de octubre, se informó que Mariaca enfrentaría una segunda detención preventiva, esta vez por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, lo que intensifica la situación de crisis en el sistema judicial boliviano.
