Aprehensión de Róger Mariaca genera crisis en la Fiscalía

El mes de octubre inició con un amplio operativo que se llevó a cabo en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Sucre, resultando en la detención de 14 personas, entre las que se encuentran tres fiscales de alto rango y un oficial de la Policía. El Gobierno, a través de su portavoz José Luis Gálvez, confirmó que las investigaciones continuarán: “Esto recién comienza”.

El operativo que llevó a la captura de Mariaca comenzó el miércoles 30 de septiembre por la noche y se extendió hasta la madrugada del 1 de octubre. Esta acción se produjo pocos días después de que el Departamento de Estado de EE.UU. acusara a Mariaca de estar involucrado en actos de "corrupción significativa" y aceptar sobornos relacionados con actividades del narcotráfico.

El comandante de la Policía, Adrián Álvarez, expuso que la operación se fundamentó en reportes financieros de instituciones estatales y en antecedentes de investigaciones en Santa Cruz que vinculaban a un narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset. Las detenciones comenzaron con la captura del mayor Rubén Aparicio, quien tras ser aprehendido, proporcionó información sobre la posible implicación de funcionarios del Ministerio Público en actividades delictivas.

Mariaca y el fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron arrestados posteriormente en el aeropuerto de Viru Viru. Inicialmente, se planeaba que fueran trasladados a las instalaciones fiscales en Santa Cruz, pero cambios en la seguridad llevaron a que fueran llevados a La Paz. En Sucre, otro fiscal, Martín Daniel Irusta, fue detenido en la Fiscalía General mientras intentaba retirar documentos relevantes para la investigación.

Los operativos no solo se limitaron a las detenciones. Durante la investigación, la Policía encontró a dos técnicos en la propiedad de Zeballos, quienes aparentemente intentaban eliminar pruebas. Además, se interceptó una ambulancia que había estado en la casa de Mariaca, en la que se descubrieron maletines con Bs 3,5 millones y $us 10.000, que según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, podrían haber sido obtenidos a través de "exacciones" en la Fiscalía.

El Gobierno ha manifestado que las investigaciones abarcan delitos como organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. Oviedo destacó que se ha desmantelado una posible red criminal dentro de la justicia. Los teléfonos de los detenidos están bajo análisis para identificar contactos y comunicaciones que podrían revelar la estructura delictiva.

La Asamblea Legislativa tiene previsto reunirse para discutir el futuro de la Fiscalía, en un momento en que el Ejecutivo busca una reestructuración del sistema judicial. Gálvez delineó la situación como un cambio crucial en la justicia, señalando que "el poder no puede ser un refugio para el delito".

La investigación también vuelve a poner de relieve el caso de Sebastián Marset, quien había conseguido documentos de residencia durante la gestión de Mariaca como fiscal en Santa Cruz, justo antes de un intento fallido de su captura. La Policía se mantiene firme en que se seguirá investigando cada elemento relacionado con este caso para esclarecer la verdad y la responsabilidad de los involucrados.