Aprehensiones en el sistema judicial tras advertencias de EE.UU. sobre corrupción

Luego de que el gobierno de Estados Unidos emitiera un comunicado sobre la revocación de visas a 12 ciudadanos bolivianos, incluidos el Fiscal General, Roger Mariaca, y otros funcionarios del sistema judicial, las críticas hacia la justicia boliviana se intensificaron. Las acusaciones apuntan a presuntos vínculos con corrupción y narcotráfico.

En una sorprendente operación, el Fiscal General de Bolivia y el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron detenidos el miércoles por la noche en el aeropuerto Viru Viru. Esto sucedió cuando regresaban de Sucre a Santa Cruz, bajo la vigilancia de la policía de inteligencia.

La administración actual ha indicado que solicitará información adicional a Estados Unidos sobre las acusaciones formuladas contra estas autoridades judiciales. En este contexto, se ha revelado que una jueza habría tenido contacto con el narcotraficante Sebastián Marset antes de su detención, lo que ha llevado al Consejo de la Magistratura a investigar su conducta.

Grover Mita, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), expresó su preocupación por la implicación de ciertos administradores de justicia en actos delictivos, subrayando que cada uno de estos incidentes es individual y debería ser tratado como tal. Mita también hizo hincapié en que la soberanía de cada Estado en la emisión de visas debe ser respetada.

Ante esta situación, el Tribunal Supremo de Justicia ha anunciado la creación de juzgados especializados en anticorrupción, con el objetivo de abordar las denuncias y fortalecer la confianza en el sistema judicial boliviano.