Destitución de juez Alarcón cuestionada por blindaje del TCP

Carlos Spencer, presidente del Consejo de la Magistratura, ha expuesto que la juez Lilian Alarcón fue destituida en 2025 debido a infracciones graves. Sin embargo, su separación del cargo fue anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuyos miembros se prorrogaron en sus funciones, un hecho que ha levantado serias críticas sobre la transparencia de la justicia en Bolivia.

Spencer explicó que Alarcón fue destituida tras un proceso que se inició en Oruro, y posteriormente confirmado por el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el TCP actuó sin que Alarcón presentara un recurso legal, lo que a su juicio es una irregularidad evidente en el sistema judicial. Este tipo de decisiones han suscitado inquietudes sobre la protección que algunos jueces parecen recibir.

La juez ha sido señalada en un reciente escándalo tras ser vista en compañía de Sebastián Marset, un reconocido narcotraficante uruguayo. La noche del 2 de marzo, Alarcón permaneció en la vivienda de Marset más allá de la medianoche, lo que ha intensificado las acusaciones en su contra y la percepción de corrupción en el sistema judicial.

El Consejo de la Magistratura ha intervenido las oficinas de Alarcón en busca de evidencias, aunque la juez no se encontraba en el lugar durante la operación. La situación ha llevado a Spencer a exigir una respuesta pública de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) respecto a este y otros casos similares que involucran a jueces en actividades ilícitas.

Spencer afirmó que la falta de pronunciamiento por parte de Amabol sobre las irregularidades que afectan a jueces vinculados al narcotráfico refleja una actitud complaciente hacia la corrupción. La autoridad judicial hizo un llamado a la asociación para que colabore en la identificación y sanción de aquellos jueces que enfrentan acusaciones fundamentadas.

El presidente del Consejo sugirió que una postura activa de Amabol podría facilitar la creación de un proyecto conjunto para depurar el sistema judicial de aquellos jueces que tengan denuncias serias en su contra, especialmente en un contexto donde se han suscitado críticas internacionales tras la decisión de Estados Unidos de restringir visas a autoridades judiciales bolivianas.