Acuerdos viales con Brasil reavivan el debate sobre la propiedad de tierras y la deforestación en Bolivia

El presidente Rodrigo Paz lideró el viernes un acto en San Ignacio de Velasco donde se firmaron dos convenios con autoridades de Mato Grosso, Brasil. Uno de los acuerdos se centra en el estudio de un corredor vial de 129 kilómetros que conectará hasta la frontera en Marfil, mientras que el otro establece la habilitación de vuelos entre Cuiabá, San Ignacio de Velasco y el aeropuerto Viru Viru.

El evento contó con la participación de ministros como Mauricio Zamora y Óscar Mario Justiniano, así como el gobernador Juan Pablo Velasco y una delegación brasileña compuesta por alcaldes de diez municipios fronterizos y miembros del Comité de Integración Brasil-Bolivia. Cabe destacar que en enero, el Ministerio de Obras Públicas ya había tratado temas similares en la cumbre “Ruta del Corazón de Sudamérica”, donde se discutieron otros corredores viales.

Según el portal InfoMoney, la delegación que asistió el viernes utilizó más de 20 aeronaves privadas y estuvo encabezada por Erai Maggi, conocido empresario del sector sojero, aunque su asistencia no fue confirmada por medios bolivianos. Este mismo medio ha mencionado que el proyecto de corredor vial podría recibir financiamiento del BNDES, basándose en un acuerdo de intención previamente firmado por el ministro de Agricultura de Brasil.

Desde marzo, se ha documentado que Maggi podría haber adquirido entre 30.000 y 40.000 hectáreas en la Chiquitania, superando ampliamente el límite constitucional de 5.000 hectáreas para la propiedad agraria individual. La empresa Bom Futuro, de la cual Maggi es parte, ha negado cualquier inversión corporativa en Bolivia, sugiriendo que cualquier compra de tierras fue una decisión personal.

La Revista Nómadas ha planteado la posibilidad de que estas adquisiciones involucren el predio INPA, un área de 30.019 hectáreas de bosque en Concepción. En este contexto, se ha documentado una pérdida de 127.988 hectáreas de bosque en un radio de 40 kilómetros alrededor de dicho predio entre 2012 y 2023. El fenómeno se repite en el Beni, donde la familia Marchett está desarrollando un proyecto de 60.000 hectáreas para cultivar soya y caña, utilizando estrategias para eludir límites de tierras.

Expertos como el politólogo Mariano Turzi han advertido sobre una tendencia creciente que él denomina “Soybean Republic”, donde el capital agroindustrial redefine el uso del territorio más allá de las fronteras nacionales. La socióloga Marielle Palau ha expresado su preocupación por la posible adopción en Bolivia de un modelo similar al paraguayo, donde la tierra se concentra en manos de unos pocos.

La diputada María René Álvarez ha criticado la falta de regulación estatal sobre la deforestación en San Ignacio de Velasco, sugiriendo que es necesario revisar las normas que favorecen prácticas como las quemas y desmontes.

En un contexto más amplio, el periodista Stasiek Czaplicki Cabezas ha cuestionado los objetivos de estos acuerdos, sugiriendo que tras la negociación de infraestructura podría haber intereses en una nueva serie de inversiones agropecuarias. En sus declaraciones, Czaplicki se ha preguntado para quién realmente está gobernando Rodrigo Paz: ¿para los habitantes locales o para los inversores extranjeros?

Además, Czaplicki mencionó un incidente de incautación de oro no relacionado directamente con la delegación de Maggi, ocurrido el 22 de julio en Viru Viru, donde se confiscó un cargamento de 189,5 kilogramos de oro sin autorización, que pretendía ser enviado a Dubái.

Hasta el momento, el Ministerio de Obras Públicas no ha emitido un pronunciamiento sobre la cobertura de InfoMoney. San Ignacio de Velasco, que alberga alrededor del 6,2% de los bosques de Bolivia, es considerado uno de los principales focos de deforestación en el país. Los estudios técnicos sobre el corredor vial se prevé que se realicen en los próximos meses, aunque no se ha establecido un plazo definido para su avance.