Propuesta legislativa busca endurecer la normativa fronteriza en Bolivia

La diputada Catherine Pinto, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ha propuesto una reforma a la normativa actual con el objetivo de fortalecer la seguridad en las fronteras de Bolivia. Durante una entrevista en el programa Influyentes de EL DEBER, la legisladora comparó las regulaciones de uso de armas de fuego de Brasil con las de Bolivia, sugiriendo que se deben hacer ajustes significativos.

Pinto mencionó que el plan del presidente incluye una colaboración más estrecha con Brasil, no solo entre la Policía, sino también con las Fuerzas Armadas. La diputada destacó que, en una reciente visita a la Armada Boliviana, notó una carencia de recursos y condiciones adecuadas para llevar a cabo sus funciones, a diferencia de lo que se observa en el país vecino.

La parlamentaria explicó que tras recorrer diversas unidades policiales y militares en la frontera, se evidenció la falta de equipamiento y recursos necesarios para el personal encargado de la seguridad. En este contexto, Pinto considera esencial realizar cambios normativos que permitan enfrentar de manera más efectiva el crimen organizado y el contrabando en esas áreas críticas.

"Hemos tenido reuniones con las autoridades brasileñas y es fundamental trabajar de manera conjunta. Como legisladores, debemos ser conscientes de que las leyes no pueden ser tan flexibles. Aunque se debe considerar el tema de los derechos humanos, también se ha permitido que el crimen organizado aproveche estas normativas para evadir la justicia en Bolivia", afirmó la diputada.

En su análisis, la legisladora comparó la situación en Brasil, donde, según ella, las fuerzas de seguridad tienen mayor libertad para actuar en situaciones de sospecha. Pinto argumenta que Bolivia debería implementar una regulación de uso de la fuerza más clara y efectiva, especialmente en las zonas fronterizas.

La diputada identificó que una de las normativas que debería ser revisada es la relativa al uso de armas de fuego. "Esta ley es muy permisiva con el crimen organizado, mientras que es muy restrictiva para las fuerzas del orden. Las Fuerzas Armadas, al desempeñar labores cruciales para la seguridad del Estado, deberían ser juzgadas por un tribunal militar y no por la justicia ordinaria", concluyó.