Informe revela posibles responsabilidades en gestiones de Arce y Paz por irregularidades en combustible

El diputado Carlos Alarcón, quien forma parte de la comisión que investiga el caso de la llamada 'gasolina basura', comentó que el informe elaborado por esta instancia destaca posibles responsabilidades en las gestiones de Luis Arce y de la administración actual.

El documento será analizado en los próximos días por el pleno de la Cámara de Diputados, donde se decidirá cómo proceder respecto a la investigación sobre la calidad del combustible y los contratos relacionados con su provisión.

Alarcón mencionó que el informe incluye entre los señalados al expresidente Luis Arce Catacora, exministros como Mauricio Medinaceli y Gallardo, así como exfuncionarios de YPFB, como Wilson Dorgathen. "Es evidente que hay responsabilidad de ambas administraciones", expresó el legislador.

El parlamentario también indicó que cualquier intento de modificar o ignorar las conclusiones del informe debe ser justificado. Dirigiéndose a la presidenta de la comisión, Ximena Arispe, cuestionó su gestión sobre el documento: "Si quiere desestimar este informe, necesitará explicar por qué lo hace".

Uno de los puntos críticos mencionados por Alarcón es el contrato firmado entre YPFB y la empresa Ditol durante la gestión de Dorgathen en el gobierno de Arce. Este contrato, que fue modificado en cuatro ocasiones en la administración anterior, se amplió con una quinta enmienda el 17 de diciembre de 2025, coincidiendo con la eliminación de la subvención a los combustibles.

El legislador cuestionó la decisión de ampliar el contrato en lugar de dejarlo expirar y buscar nuevas alternativas de suministro de combustible, acorde a las nuevas condiciones del mercado. "¿Por qué se decidió continuar con ese contrato justo cuando se levantó la subvención de la gasolina de calidad internacional?", se preguntó.

Alarcón enfatizó que esta extensión del contrato permitirá su vigencia hasta el 30 de junio de 2026, momento en el cual se mantuvo la provisión del combustible que ahora está bajo la controversia de la 'gasolina basura'.

La investigación es de suma importancia, ya que involucra a YPFB, la principal empresa estatal del sector hidrocarburos y su relación directa con el abastecimiento de combustibles, un factor crucial para la economía boliviana. Las implicaciones apuntan a que las responsabilidades abarcan ambas administraciones, puesto que el contrato se inició bajo Arce y continuó siendo modificado en la actual gestión.

El diputado también criticó el hecho de que el informe haya permanecido casi un mes sin ser tratado tras su envío a la Presidencia de la Cámara Baja. "Si la presidenta de la comisión lo mantuvo rezagado durante un mes, eso es preocupante", indicó.

Ahora, el informe pasará al pleno, donde se evaluarán sus conclusiones y se determinarán posibles responsabilidades políticas y administrativas, así como otros pasos en el marco de la investigación. Este caso resalta la necesidad de revisar la gestión de los contratos de importación y suministro de combustibles, especialmente en un contexto donde los precios y la disponibilidad de gasolina y diésel impactan directamente en el transporte, la producción y el costo de vida de los bolivianos.