Acuerdo 001/2026: Avanza la Agenda 50/50 para Fortalecer Autonomías Departamentales

En una reunión celebrada en Sucre, el Gobierno nacional y los nueve gobernadores del país firmaron el Acuerdo 001/2026, que marca el inicio de la Agenda 50/50. Este plan tiene como objetivo mejorar las autonomías departamentales a través de reformas en la distribución de recursos, el sistema tributario, y la gestión del presupuesto.

Uno de los compromisos más destacados es la creación de un grupo técnico especializado que se encargará de redactar un proyecto de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. Este proyecto buscará alcanzar consensos durante la actual gestión legislativa, con la intención de implementar el nuevo marco a partir de la gestión fiscal del 2027.

El acuerdo también incluye la exploración de nuevas formas para expandir la autonomía fiscal de las gobernaciones. Esto abarca la posibilidad de reclasificar las bases imponibles que actualmente están bajo la administración del nivel central, así como la creación de nuevos tributos en conformidad con la Constitución, la aplicación de sobretasas y la modificación de la Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuestos. Se estipula un plazo de 90 días para la elaboración de este proyecto.

En cuanto al presupuesto, se decidió revisar las normativas que limitan el uso de los gastos departamentales y avanzar en la eliminación progresiva de disposiciones que financian obligaciones del gobierno central o de entidades que ya no existen. Se buscarán mecanismos que permitan a las gobernaciones tener mayor control sobre la composición de sus presupuestos, aunque el Gobierno nacional mantendrá el control sobre los agregados fiscales.

El documento también prevé la revisión de las normativas que han restringido las competencias constitucionales de los gobiernos departamentales y evaluará la adecuación de las transferencias fiscales según criterios de sostenibilidad, equidad territorial y corresponsabilidad.

Además, la Agenda 50/50 plantea el desarrollo de una legislación que facilite las alianzas público-privadas, modificaciones a la Ley 699 para mejorar las relaciones internacionales de las gobernaciones, así como la posibilidad de transferir instituciones públicas a la administración departamental y medidas para aliviar las cargas financieras, como la reprogramación de obligaciones económicas.

Para asegurar el cumplimiento de estos compromisos, el Gobierno proporcionará información técnica a las entidades territoriales, mientras que las gobernaciones contribuirán con insumos para construir propuestas consensuadas. Asimismo, se prevén reuniones con municipios, autonomías indígenas y el Gobierno Regional del Chaco, con el objetivo de incorporar estos acuerdos en un futuro Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.