Velasco solicita militarizar la frontera en San Matías y un decreto que exima de responsabilidad penal a militares por uso de fuerza

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, ha hecho un llamado urgente para que se proceda a militarizar la frontera con Brasil, en particular en zonas como Ascensión de la Frontera y Las Petas. Esta exigencia surge en el contexto de una alarmante ola de violencia que ha dejado cinco asesinatos en apenas dos días en San Matías.

En un pronunciamiento publicado el martes, Velasco solicitó también la emisión de un Decreto Supremo que defina el uso de armas para los militares y que los exima de responsabilidad penal en el cumplimiento de sus labores. El gobernador señaló que esta situación no solo pone en riesgo la seguridad de los habitantes de Santa Cruz, quienes viven en un clima de miedo constante, sino que también daña la imagen del departamento a nivel internacional.

Durante su declaración, Velasco mencionó que se reunió con asambleístas departamentales, representantes del Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército, para discutir los recientes actos de sicariato y vandalismo. Enfatizó que es inaceptable que, en un estado de excepción, ocurran asesinatos a tan corta distancia de autoridades importantes como el Presidente y el Gobernador.

El gobernador también anunció su intención de convocar en las próximas semanas al Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana para aprobar un Plan Departamental de Seguridad. Este plan incluirá la centralización de información, la promoción de investigaciones y la coordinación entre distintos organismos de seguridad.

Dentro de esta iniciativa, Velasco destacó la creación de un Centro Departamental de Comando, Control e Inteligencia Preventiva, que integrará herramientas como mapas del delito, drones y sistemas de analítica de datos, en colaboración con municipios, la Policía y la Fiscalía.

Adicionalmente, se presentará un Proyecto de Ley para la aplicación de la Notificación Roja que facilite la aprehensión de individuos buscados en Bolivia, garantizando su detención preventiva mientras se procesa su extradición, conforme a los acuerdos internacionales vigentes.

Finalmente, el gobernador hizo un ferviente llamado para que se implementen medidas que permitan un reparto equitativo de los recursos generados en los departamentos, argumentando que actualmente los fondos no son suficientes para equipar a la Policía, lo que afecta la seguridad, salud y educación que se puede ofrecer a la población.