Santa Cruz solicita acciones efectivas para combatir el crimen y la Policía refuerza su estrategia fronteriza

En una sesión reciente, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz aprobó de manera unánime una declaración que exige medidas concretas para abordar el problema del crimen en la región. Entre las acciones solicitadas, se destaca el control de la circulación de motocicletas y el fortalecimiento de las labores preventivas ante los recientes hechos de violencia.

Luis Alberto Ruiz, secretario de la ALD, indicó que la declaración está dirigida al Ministerio de Gobierno y propone la creación de un registro para propietarios de motocicletas, así como la fiscalización de vehículos sin placas o con registros falsificados. También se sugiere habilitar una línea telefónica para que los ciudadanos puedan denunciar irregularidades, y se plantea una revisión de responsabilidades sobre el control de motos robadas que han sido utilizadas en crímenes recientes.

Iniciativa policial y contexto de violencia en la región

El asambleísta Ruiz expresó su preocupación por la creciente sensación de inseguridad en Santa Cruz, afirmando que "el susto y la zozobra se han convertido en parte de la vida cotidiana". En este contexto, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodolfo Montero Torrico, anunció que el gobierno está planificando el empadronamiento de motocicletas y que más de 100 policías recibirán capacitación en la lucha contra el crimen organizado.

El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, comunicó que la nueva fase del plan Frontera 2.0 se enfocará en intensificar los operativos en las fronteras de Santa Cruz, Beni y Pando, con el respaldo de diferentes entidades, incluyendo el apoyo militar y municipal. Álvarez mencionó que el anuncio sobre esta nueva estrategia se realizará en conjunto con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

El comandante defendió la labor de la Policía, afirmando que la institución no ha sido superada por estructuras criminales y resaltó que han logrado expulsar a más de 50 miembros de organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). El plan original fue implementado el 13 de agosto en Guayaramerín, Beni, con el fin de combatir el narcotráfico y el contrabando, y se asegura que la presencia policial ha mejorado en áreas antes afectadas por homicidios selectivos.

La violencia en la región ha sido alimentada por una lucha de poder entre el PCC y el Comando Vermelho, que ha resurgido tras la caída de Sebastián Marset, un uruguayo vinculado al narcotráfico. Según las autoridades, Marset recibió protección de Róger Mariaca, quien se desempeñó como fiscal general hasta su detención el 1 de octubre, acusado de complicidad con el crimen organizado.

Por su parte, el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Galifat) ha evaluado que Bolivia presenta un riesgo "medio a alto" de lavado de activos, destacando el narcotráfico, el contrabando y la permeabilidad de sus fronteras como principales amenazas a la seguridad.

En el ámbito de la cooperación internacional, se ha activado un mecanismo de intercambio de información policial entre Bolivia y Chile, y el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, propuso realizar intervenciones simultáneas en ambos lados de la frontera durante la reciente visita del político chileno José Antonio Kast a La Paz. Además, la Policía Federal de Brasil establecerá una presencia en el país para fortalecer los esfuerzos de seguridad en la región.

Finalmente, Rodrigo Paz, representante boliviano, ha programado una reunión con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a finales de noviembre, donde abordarán temas relacionados con la seguridad y la gestión de la frontera, aunque aún no se ha definido un cronograma de acciones conjuntas con Perú.