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POLÍTICA

Posible extensión del estado de excepción ante nuevos bloqueos en Bolivia

· Julio Salvatierra

El Gobierno de Rodrigo Paz ha puesto sobre la mesa la opción de extender el estado de excepción que rige en Bolivia, en respuesta a la continuidad de los bloqueos y las advertencias de nuevas protestas contra el Decreto Supremo 5676, que regula los precios y la subvención de los combustibles.

Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, indicó que si los bloqueos que afectan la libre circulación persisten, el Ejecutivo podría considerar una ampliación de esta medida. Esta decisión tiene como objetivo prevenir situaciones similares a las de mayo y junio, donde los bloqueos causaron desabastecimiento de productos esenciales como alimentos, combustible y medicamentos.

No obstante, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, comentó que por el momento no es una prioridad inmediata ampliar el estado de excepción. Aseguró que la medida sigue vigente y que es responsabilidad de las autoridades hacerla cumplir, así como sancionar a aquellos que realicen bloqueos.

El estado de excepción fue establecido el 20 de junio mediante el Decreto Supremo 5636, con una duración de 90 días, por lo que se espera que finalice el 18 de septiembre de 2026. Cualquier extensión requeriría la aprobación de la Asamblea Legislativa, conforme a la interpretación constitucional de varios especialistas.

La discusión ha cobrado fuerza tras el inicio de nuevos bloqueos y las amenazas de movilizaciones. Uno de los focos de conflicto se encuentra en el puente San Pablo, en la carretera Santa Cruz-Beni, donde los productores llevan tres días exigiendo la liberación de detenidos.

Desde la oposición y ciertos sectores dentro del ámbito legislativo, han surgido críticas al Gobierno, sugiriendo que debería cumplir con el estado de excepción actual antes de considerar una extensión. Por otro lado, desde el oficialismo ya se discute la posibilidad de prolongar la medida por seis meses, citando la potencialidad de nuevos conflictos sociales.

Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, advirtió que el estado de excepción es una solución temporal y no aborda las causas estructurales de la conflictividad en el país. Llamó a priorizar el diálogo y a atender las demandas para evitar que las protestas escalen nuevamente.

A pesar de que el Gobierno considera la posibilidad de extender el estado de excepción, no se ha tomado una decisión definitiva al respecto. La situación dependerá de cómo evolucionen los bloqueos y movilizaciones en las próximas semanas, así como el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa.

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