Voces del Oriente
POLICIAL

Nadia Beller denuncia a Fernando Cerimedo tras ataque armado por caso de Evo Morales

· Marcelo Saucedo

Nadia Beller, abogada y activista, quien sufrió un ataque a balazos en Santa Cruz, se pronunció desde el hospital sobre el incidente. Según su relato, la citaron a un hotel bajo el pretexto de tratar un caso de violación de una menor de 13 años, en el que supuestamente está implicado el exmandatario Evo Morales.

En su declaración, Beller mencionó que recibió un mensaje anónimo que la convocó para discutir este caso. Aseguró que nunca le revelaron el origen del mensaje ni la identidad de la persona que la contactó, quien le hizo notar que tenía miedo.

Beller también indicó que, antes del ataque, escuchó a la persona que la contactó hablar por teléfono con el ministro Marco Antonio Oviedo, quien supuestamente desestimó el caso como inventado. La abogada se preguntó si esta conversación había sido coordinada con el Ministro de Gobierno.

Durante la llamada, la persona le pidió que recolectara pruebas sobre el caso, sugiriendo que no se encontraba en Bolivia, y mencionó que el ministro Oviedo había solicitado informes sobre el asunto. Posteriormente, Cerimedo le habría ofrecido seguridad, afirmando que contaba con protección policial.

Contrario a lo asegurado por Cerimedo, Beller fue atacada a balazos, y relató que se lanzó al suelo, fingiendo estar muerta para sobrevivir. Detalló que sus agresores le quitaron el celular, donde, según ella, pudo haber pruebas que respaldaban sus denuncias sobre violencia y corrupción relacionadas con su expareja.

"Me tiré al piso, me quedé ahí como media hora sin moverme. Y uno de los sicarios titubeó así que se acercaba y me remataba o no… claramente, buscaban deshacerse de mí".

La situación ha generado un gran revuelo mediático y político, considerando que la abogada es conocida por sus activismos en defensa de los derechos humanos y su postura crítica hacia figuras políticas de renombre. La detención de Cerimedo por su posible vínculo con el ataque también ha levantado interrogantes sobre la seguridad de los denunciantes en el país.

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