Modificaciones a la Constitución para facilitar la inversión privada en YPFB

El abogado constitucionalista Óscar Barrientos ha presentado una propuesta ante la Asamblea Legislativa que busca reformar parcialmente la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia. Argumenta que la rigidez de la Constitución actual dificulta la posibilidad de realizar modificaciones extensivas, siendo más viable realizar ajustes específicos para atraer inversiones en el sector energético.

La crisis energética ha reavivado el debate sobre la posibilidad de realizar cambios constitucionales que no afecten el modelo económico estatal. Barrientos sostiene que es posible, pero únicamente a través de reformas puntuales. Su propuesta incluye la modificación de cuatro artículos, enfocados en los aspectos relacionados con hidrocarburos, arbitraje y la inversión en el sector.

Detalles de la propuesta de reforma

• Modificar el artículo 320 para permitir el arbitraje internacional en contratos estatales de gran escala, excluyendo controversias sobre soberanía y propiedad de recursos naturales.
• Establecer que la presidencia de YPFB sea elegida por méritos, promoviendo la transparencia y la independencia del regulador.
• Abrir la posibilidad de nuevos tipos de contratos en el sector hidrocarburífero, como los de riesgo compartido y asociación.

Uno de los cambios más relevantes es el ajuste al artículo 320, que permitiría el arbitraje internacional en contratos de gran envergadura. Sin embargo, este cambio no afectaría disputas relacionadas con la soberanía nacional ni la regulación de los recursos naturales, asegurando que estos sigan perteneciendo al pueblo boliviano.

Además, Barrientos propone que la dirección de YPFB sea seleccionada mediante un concurso público basado en méritos, argumentando que muchos de los directivos actuales no cuentan con la capacitación técnica necesaria, lo que ha contribuido a la crisis del sector. La iniciativa también incluye auditorías externas y mayor transparencia en la gestión de la empresa estatal.

La propuesta también tiene como objetivo modificar el régimen de contratación en el sector hidrocarburífero, que actualmente se centra en contratos de prestación de servicios. Barrientos sugiere permitir contratos de riesgo compartido y otros modelos que podrían atraer más inversiones y tecnología al país, dado que el sistema actual ha demostrado ser un obstáculo.

Aunque la iniciativa presentada por Barrientos no cuenta con el carácter de una propuesta popular formal, su éxito dependerá de la voluntad política de la Asamblea Legislativa. El abogado enfatiza la necesidad de un debate técnico que no se vea influenciado por ideologías políticas, advirtiendo que si se intenta reformar todo, se corre el riesgo de no avanzar en nada.