Voces del Oriente
POLICIAL

La justicia boliviana activa órdenes de aprehensión tras revocación de tutela en caso de abuso sexual

· Marcelo Saucedo

El 3 de agosto de 2026, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió revocar la tutela que había permitido a Gonzalo Kieffer Fleig evadir su comparecencia ante la justicia boliviana. A través de la Sentencia Constitucional 0899/2026-S3, se dejó sin efecto la declaratoria de rebeldía en su contra, por lo que se reactivan inmediatamente las órdenes de aprehensión en su contra.

Kieffer Fleig enfrenta graves acusaciones por violación agravada, abuso sexual y pornografía infantil. Su defensa había intentado evitar su comparecencia ante la Juez Decimocuarta de Instrucción Penal de Santa Cruz alegando motivos de salud mental desde Argentina. Sin embargo, el tribunal boliviano desestimó esta estrategia, concluyendo que los certificados médicos presentados no fueron validados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia, careciendo así de valor legal.

La representación legal de la víctima destacó que este fallo cierra la puerta a maniobras que intentan eludir la justicia a través de recursos económicos y legales, especialmente cuando el denunciado tiene la capacidad de litigar desde el extranjero. Según ellos, este caso refleja un patrón preocupante en la justicia boliviana en asuntos de violencia sexual, donde las víctimas suelen enfrentarse a barreras adicionales.

Además, la parte querellante anunció planes de presentar la sentencia ante la Juez Cautelar 14 y solicitar la emisión de una alerta roja de Interpol para Kieffer Fleig. También se prevé solicitar el rechazo de cualquier nuevo trámite relacionado con su salud mental hasta que no se presente físicamente en Bolivia. Junto a esto, planean denunciar a los jueces que otorgaron la tutela original que le permitió actuar desde el extranjero.

La decisión del TCP marca un precedente importante en la lucha contra la impunidad en casos de abuso intrafamiliar, enviando un mensaje claro sobre la necesidad de garantizar que todos los imputados se presenten ante la justicia del país, sin importar su situación o lugar de residencia.

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