La Corte IDH pospone el juicio del caso Hotel Las Américas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha decidido postergar el inicio del juicio relacionado con las vulneraciones a los derechos humanos en el caso del asalto al Hotel Las Américas, que ocurrió en 2009. Este juicio estaba programado para llevarse a cabo este mes en Montevideo, Uruguay, pero ahora no se ha fijado una nueva fecha para su celebración.

El caso se activó tras un informe de fondo que responsabiliza al Estado boliviano por ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos. En este contexto, la Procuraduría General del Estado (PGE) se ha reunido con las familias de las víctimas en Santa Cruz, quienes han expresado su deseo de que se haga justicia y que se limpie el nombre de aquellos que han sido acusados injustamente de terrorismo.

‘Los terroristas no somos nosotros. Era la gente del Estado que nos ha perseguido y ha hecho lo que ha hecho con nosotros durante cuántos años’. Lo que están pidiendo es justicia.

El procurador general, Hugo César León La Faye, comentó que la notificación sobre la postergación llegó como una sorpresa y que, aunque están preparados para participar, aún no se ha proporcionado una nueva fecha para las audiencias. Además, la PGE ha enviado cartas a distintas instituciones, solicitando capacitación en derechos humanos para sus funcionarios, siguiendo una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la Fiscalía de Santa Cruz, se ha admitido recientemente una denuncia contra exfuncionarios del gobierno de Evo Morales por presuntos delitos de lesa humanidad, tortura y violaciones a derechos humanos. Los denunciantes incluyen a Juan Carlos Guedes, Alfredo Saucedo y David Sejas, quienes buscan justicia por los actos cometidos en el contexto del caso terrorismo.

Cabe recordar que el operativo policial en el Hotel Las Américas se produjo el 16 de abril de 2009, resultando en la muerte de tres extranjeros a quienes el gobierno de Evo Morales acusó de ser parte de un grupo terrorista. Dos sobrevivientes, Elöd Tóásó y Mario Tadic, fueron encarcelados durante seis años tras el incidente y en 2012 denunciaron sus casos ante la CIDH, que en 2021 determinó la responsabilidad del Estado boliviano en estas violaciones.

Este conflicto ha llevado a que el caso sea elevado a la Corte IDH después de que el Estado no cumpliera con las recomendaciones emitidas por la CIDH. Las repercusiones de este caso continúan afectando a las víctimas y sus familias, quienes continúan buscando justicia y reparación por los daños sufridos.