Gobernadores en alerta: plazo al Gobierno por demandas de diésel y 50-50

El 24 de septiembre, en Santa Cruz, se llevó a cabo una reunión crucial entre seis gobernadores de Bolivia, quienes decidieron declararse en estado de alerta. Este pronunciamiento se produce en el marco de sus demandas sobre el fin de la subvención al diésel y la implementación del acuerdo del 50-50 en la distribución de recursos.

Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz, fue el encargado de comunicar las conclusiones de la convocatoria, donde se exigió al Gobierno central la atención a todas las solicitudes formuladas antes del 31 de octubre de 2026. Una de las principales exigencias es el inicio de la coparticipación tributaria para los gobiernos autónomos, garantizando que esto no perjudique a las universidades ni a los municipios.

Velasco subrayó la importancia de que el 50-50 se concrete a partir de 2027, tal como se acordó el 5 de agosto en la Casa de la Libertad, en Chuquisaca. Esta redistribución es vista como esencial para el desarrollo económico de los departamentos y su capacidad operativa.

Los gobernadores también demandan ajustes en los presupuestos de 2026, debido a que fueron elaborados con un precio de diésel estimado en 6,73 bolivianos por litro. Sin embargo, el decreto supremo 5716 ha fijado un precio internacional más alto, lo que ha generado un gasto no considerado anteriormente.

Entre las solicitudes, también se menciona la necesidad de mecanismos de compensación, modificaciones presupuestarias y garantías de provisión de recursos. Los gobernadores insisten en que el Gobierno formalice un acuerdo normativo que respalde la readecuación financiera de las entidades territoriales autónomas.

Además, se requiere que se habiliten transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación para compensar el aumento en el costo del diésel utilizado en la prestación de servicios esenciales, como el mantenimiento de la infraestructura vial y la atención sanitaria.

Por último, Velasco exigió que se autoricen modificaciones presupuestarias excepcionales que permitan redistribuir fondos entre distintas partidas, asegurando así que el aumento en el gasto por combustibles no afecte los límites operativos de la Gobernación.