POLÍTICA Gobernaciones de Bolivia exigen al Gobierno el cumplimiento de la Agenda 50/50
El 24 de septiembre, las autoridades de ocho de las nueve gobernaciones del país se reunieron en la Gobernación de Santa Cruz y emitieron una declaración conjunta donde se manifiestan en "estado de alerta". En este pronunciamiento, establecieron un plazo hasta el 31 de octubre de 2026 para que el Gobierno central cumpla con los acuerdos comprometidos en la Agenda 50/50.
Los gobernadores recalcaron que la distribución equitativa de los ingresos fiscales es fundamental para lograr una verdadera autonomía financiera en Bolivia. En este sentido, presentaron varias demandas prioritarias que consideran indispensables para asegurar el funcionamiento adecuado de las competencias departamentales.
Principales demandas de las gobernaciones
- Exigen la transferencia del 15% de coparticipación tributaria, tal como lo establece la Ley N° 031, sin afectar el presupuesto de municipios, autonomías indígenas y universidades.
- Solicitan compensación por el aumento del precio del diésel, reclamando una transferencia extraordinaria del Tesoro General para cubrir los costos operativos hasta fin de año.
- Demandan la devolución del 12% del IDH del Fondo de Incentivo a la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, así como la suspensión de los débitos automáticos por conceptos administrativos.
Además, pidieron la agilización del acceso al Fondo Fideicomiso (FAGOBOL), asegurando que los recursos establecidos en el Decreto Supremo N° 5363 sean desembolsados de manera inmediata para apoyar a las gobernaciones en sus funciones.
Proyectos legislativos prioritarios
- Modificación de la Ley N° 154 de Clasificación de Impuestos.
- Aprobación de la Ley de Fortalecimiento y Garantía de la Autonomía Económica, conocida como "Ley del 50/50".
- Implementación de la Ley Básica de Relaciones Internacionales para los Gobiernos Autónomos.
Los gobernadores afirmaron que el proceso de tratamiento de estas leyes debe iniciarse de manera coordinada con los gobiernos autónomos, estableciendo el 31 de octubre como fecha límite para que el Gobierno central muestre avances concretos en la ejecución de estas demandas.
