Fiscales Mariaca, Zeballos e Irusta solicitan libertad ante el Tribunal de Justicia

El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, junto al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el fiscal superior Martín Daniel Irusta, han interpuesto una acción de libertad contra el presidente Rodrigo Paz, el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo y el comandante general de la Policía, Adrián Javier Álvarez, en un nuevo episodio relacionado con la crisis institucional que ha surgido tras el megaoperativo por el caso Sebastián Marset.

La acción fue presentada ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el objetivo de que se revisen las circunstancias de sus detenciones y se adopten las medidas adecuadas. La audiencia para tratar esta solicitud está programada para este viernes a las 08:30, según lo informado por la defensa de los fiscales.

El abogado Jerjes Justiniano, quien representa a los tres fiscales, se trasladó de Santa Cruz a La Paz para asistir a la audiencia. Justiniano también defiende a Nadia Beller, ex pareja del asesor argentino Fernando Cerimedo.

Mariaca y Zeballos fueron detenidos el miércoles por la noche en el aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz, y luego fueron trasladados a la sede policial en La Paz. La justificación por su traslado fue por razones de seguridad, tras recibir informes de inteligencia sobre intentos de interferencia en el operativo por parte de grupos delincuenciales.

Por otro lado, Irusta fue aprehendido en la Fiscalía General del Estado en Sucre, donde se encontraba con otras personas que aparentemente intentaban retirar documentación relacionada con la investigación en curso. Esta situación ha llevado a que los tres fiscales enfrenten investigaciones por presunta organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.

El contexto de esta presentación se da en medio de la controversia sobre la designación de Luis Montaño Morales como fiscal general interino, puesto que asumió tras la aprehensión de Mariaca. El Gobierno ha impugnado esta designación, afirmando que correspondería a la Asamblea Legislativa Plurinacional decidir sobre el cargo.

Este recurso de libertad representa un paso importante para los fiscales, quienes buscan cuestionar las condiciones de su detención mientras continúan las investigaciones en su contra. La audiencia del viernes será clave para determinar su situación legal y abordar las alegaciones planteadas por su defensa.