FAM-Bolivia aclara que el aumento del diésel no determina automáticamente tarifas de transporte

La FAM-Bolivia subrayó que el reciente incremento en el precio del diésel no debe conducir de inmediato a un aumento en las tarifas del transporte público. Esta afirmación se fundamenta en la necesidad de que cada municipio lleve a cabo estudios técnicos que consideren tanto la sostenibilidad de los transportistas como la capacidad de pago de los usuarios.

El presidente de la FAM, Jhonny Torres, expuso que el combustible representa aproximadamente un 30% de la estructura de costos para fijar tarifas, pero hay otros elementos igualmente importantes. Entre ellos, destacan los salarios de los conductores, los costos de repuestos y el mantenimiento de vehículos.

Estudios técnicos y participación ciudadana

Torres enfatizó que cualquier ajuste tarifario debe surgir de una evaluación integral de los diferentes factores que impactan en el costo del servicio. A pesar de que el costo del combustible ha aumentado, es fundamental que se realicen estudios que evalúen todos los componentes antes de tomar decisiones sobre ajustes en las tarifas.

La Ley General de Transporte 165 establece que la regulación tarifaria debe considerar no solo los costos operativos, sino también aspectos de eficiencia, calidad y seguridad. Asimismo, debe tener en cuenta la situación socioeconómica de los usuarios, lo que implica que la autoridad competente debe realizar estudios que sustenten cualquier modificación en las tarifas.

Torres citó la Ley Municipal 117 de Tarija, que exige que cualquier modificación de tarifas esté basada en un estudio del Gobierno Municipal y tome en cuenta una hoja de costos actualizada, así como la situación económica de la población y las condiciones del servicio. Es importante también la inclusión de las observaciones de la sociedad civil en este proceso.

Finalmente, el presidente de la FAM destacó que cada municipio debe aplicar sus normativas específicas y facilitar un espacio para el diálogo entre los transportistas y los usuarios. El objetivo es lograr un "justoprecio" que permita a los operadores cubrir sus costos y, al mismo tiempo, sea accesible para los pasajeros, considerando su capacidad de pago.

Esta postura de la FAM surge tras la reciente eliminación de la subvención estatal al diésel, medida anunciada el 18 de septiembre, lo que ha provocado un intenso debate sobre cómo esta decisión afectará los costos del transporte público en el país.